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Opinión | ¿Por qué no se hace nada? El colapso de la Justicia explicado
Ignacio Martínez-Fonseca y Jaime de Rivera Lamo de Espinosa, de la firma de abogados Lawyou, completan en esta segunda entrega las razones del por qué del colapso de la justicia.
16/6/2025 05:35
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Actualizado: 15/6/2025 15:14
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Después de constatar el desastre —los retrasos, el colapso, la falta de procesos, la ausencia de ingenieros— queda la pregunta más incómoda de todas:
Si todos sabemos lo que pasa. Si todos sabemos lo que hace falta. Si las soluciones son técnicas, posibles y conocidas… ¿Por qué no se hace nada?
Las razones profundas: Poder, Prioridades y Cultura Administrativa
La respuesta es dura, pero real.
1. Porque la Justicia no da dinero al Estado
No es un servicio productivo para el Estado. No recauda. No genera ingresos. No tiene KPI económicos. Es solo gasto. Y en un país donde las inversiones públicas se miden por retorno económico inmediato, la Justicia siempre pierde.
¿Queremos ver la diferencia?
Miremos a la Agencia Tributaria.
• Sistemas tecnológicos de última generación.
• Trámites digitales avanzados desde hace más de 15 años.
• Personal formado, abundante, con recursos y medios.
• Procesos pensados para maximizar eficiencia… pero en beneficio del Estado.
¿Por qué Hacienda sí y Justicia no?
Porque Hacienda recauda. Porque el Estado vive de eso. Porque es estratégico.
La Justicia, en cambio, no genera ingresos (más allá de tasas menores) y además es incómoda: puede dar la razón al ciudadano frente al Estado.
2. Porque cambiar la Justicia afecta al poder
Una Justicia eficiente sería peligrosa para muchos intereses.
• Sería incómoda para la Administración Pública, que hoy juega con la ventaja de los plazos infinitos.
• Sería peligrosa para determinados operadores jurídicos acostumbrados a funcionar en sistemas ineficientes que generan oportunidades de negocio precisamente porque todo es complejo y lento.
• Sería transformadora, pero eso exige liderazgo político valiente. Algo de lo que, por desgracia, carecemos hace décadas.
3. Porque falta cultura de gestión pública moderna
La Justicia en España sigue dirigida como un órgano decimonónico. Todo depende de cuerpos funcionariales tradicionales, poco permeables a cambios de gestión modernos. No se profesionaliza la gestión. No se introduce talento externo. No se contratan ingenieros de procesos ni expertos en transformación organizativa.
En definitiva: el sistema está diseñado para mantenerse igual.
La Agencia Tributaria es el mejor ejemplo de lo que sí se puede hacer cuando hay voluntad política, recursos y una estrategia clara.
La Justicia es el ejemplo de lo que ocurre cuando no hay nada de eso.
No es un problema técnico. No es un problema económico. No es un problema de complejidad jurídica.
Es un problema de prioridades. El Estado sabe perfectamente cómo modernizar un servicio público. Cuando quiere hacerlo —y le interesa hacerlo— lo hace. Cuando no lo hace es porque, sencillamente, no quiere.
«La Agencia Tributaria es el mejor ejemplo de lo que sí se puede hacer cuando hay voluntad política, recursos y una estrategia clara».
Justicia sin medios: ¿qué poder teme a un poder judicial fuerte?
Una reflexión sobre la subordinación presupuestaria de la Justicia y sus consecuencias democráticas
En el corazón de toda democracia moderna reside una idea esencial: la separación de poderes. El Poder Judicial, como uno de los tres pilares del Estado de Derecho, debe ser independiente, eficaz y dotado de los medios necesarios para ejercer su función con plena autonomía frente al poder político.
Sin embargo, la realidad española muestra una situación profundamente contradictoria: un Poder Judicial teóricamente independiente, pero presupuestariamente subordinado.
¿Quién dota de medios a la Justicia?
Desde el punto de vista constitucional y legal, la Administración de Justicia es una competencia del Estado (artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), si bien algunas comunidades autónomas tienen transferidas competencias en materia de medios materiales.
No obstante, los recursos presupuestarios dependen en última instancia del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y del Poder Legislativo, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado.
Es decir, el Poder Judicial no tiene capacidad para autoorganizar su propio presupuesto. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede informar sobre sus necesidades, carece de una verdadera capacidad de decisión.
Esto lo convierte en un poder dependiente financieramente y, por tanto, en cierta forma, vulnerable ante el control político.
La paradoja democrática: un poder que fiscaliza, pero no puede exigirse lo necesario para funcionar
En una democracia saludable, debería ser el propio Poder Judicial quien, con autonomía y transparencia, determinara sus necesidades presupuestarias y estructurales. Esa autonomía financiera sería la garantía de su independencia fáctica. La falta de medios no es un problema técnico: es un problema político y estructural.
La sospecha inevitable: ¿teme el Ejecutivo a un Poder Judicial fuerte?
No puede dejar de formularse la pregunta: ¿por qué, a pesar de las denuncias reiteradas de jueces, fiscales, funcionarios y expertos, nunca se dota suficientemente a la Justicia? ¿Es una simple desidia administrativa o hay una razón más profunda y preocupante?
Un Poder Judicial fuerte, eficaz y bien dotado es un poder que fiscaliza, controla y limita los abusos del Ejecutivo.
Un poder judicial con medios suficientes no permitiría la prescripción de causas complejas, ni la acumulación de retrasos, ni el archivo masivo de casos por falta de medios o dilaciones indebidas.
Corrupción y dilaciones: la Justicia como obstáculo neutralizado
La falta de recursos en la justicia española ha tenido consecuencias directas en la lucha contra la corrupción. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, más del 60% de las causas complejas por corrupción acaban archivándose o prescribiendo antes de que llegue una resolución firme.
La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado reiteradamente la insuficiencia de personal técnico y de apoyo, la carencia de unidades especializadas y la dificultad para afrontar investigaciones de largo recorrido.
Esto beneficia, de facto, a quienes tienen mayor capacidad de defensa, recursos y poder: precisamente aquellos que deberían ser controlados por el sistema judicial.
Justicia retrasada, justicia denegada
El viejo aforismo “justicia retrasada es justicia denegada” cobra especial fuerza en este contexto. Cada año que una causa se alarga, cada expediente que no se tramita, cada prueba que se pierde es una victoria para la impunidad y un retroceso para el Estado de Derecho. Y si eso ocurre porque no se dota al sistema judicial de los medios que necesita, la responsabilidad no es técnica, es política.
Conclusión: sin independencia presupuestaria, no hay justicia independiente
La independencia judicial no puede ser solo un principio proclamado. Debe tener una expresión concreta: autonomía para definir sus necesidades y garantía de que se cubran. Mientras el poder judicial dependa del favor presupuestario del Ejecutivo o del reparto partidista en el Legislativo, su independencia estará en entredicho.
La justicia no puede ser una invitada secundaria en los presupuestos. Debe ser una institución prioritaria, vertebradora del Estado. Porque sin justicia fuerte, los abusos campan, la corrupción se encona y el ciudadano pierde la fe en el sistema. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es solo la justicia: es la democracia misma.
Menos leyes, más ingenieros: lo que de verdad necesita la Justicia española
Tras el diagnóstico evidente —una justicia colapsada, lenta, ineficaz y desconectada de la ciudadanía— es hora de hablar de más soluciones.
Pero no de las soluciones de siempre. No de más leyes, más reformas, más BOE que llenan titulares, pero no resuelven nada.
Lo que la Justicia en España necesita no es más legislación. Es más gestión. Y, sobre todo, más ingeniería de procesos. La Justicia no es solo Derecho: es un problema de organización y procesos
El error estructural de las reformas judiciales en España ha sido siempre el mismo: entender la Justicia solo como un problema jurídico o legislativo.
Y no lo es.
La Justicia, hoy, es sobre todo un problema de procesos. De flujos de trabajo ineficientes. De trámites absurdos. De tareas manuales que deberían estar automatizadas. De papeles, sellos y firmas que se repiten una y otra vez en pleno siglo XXI.
¿Quién sabe diseñar procesos eficientes? No los juristas. No los jueces. No los legisladores.
Lo saben los ingenieros, los expertos en gestión, en procesos Lean, en automatización, en experiencia de usuario. Lo saben los que llevan décadas optimizando hospitales, bancos, industrias o servicios públicos modernos.
¿Y cuántos de estos perfiles hay trabajando en la Administración de Justicia? Cero.
Lo que hace falta en la Justicia
Es hora de decirlo alto y claro:
• Hace falta que en cada Tribunal Superior o Audiencia Provincial haya un equipo de ingenieros de procesos analizando los cuellos de botella, rediseñando trámites, automatizando lo automatizable.
• Hace falta una gestión moderna, con cuadros de mando, KPIs públicos, evaluación de desempeño y cultura de eficiencia.
• Hace falta rediseñar la experiencia de usuario (el ciudadano) para que cualquier procedimiento judicial sea comprensible, accesible y transparente.
• Hace falta que los jueces se dediquen a juzgar y no a ser gestores de tareas administrativas o de papeles.
Las leyes ya están: lo que no están son los medios ni la gestión
España no necesita nuevas leyes para que un juzgado señale juicio en 2027 y dicte sentencia en 2031. Las leyes ya dicen que eso es inadmisible. Lo que no hay son los recursos, la organización y los procesos para evitarlo.
La recién aprobada Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia de la Justicia corre el riesgo de ser otra ley muerta. Porque sin un rediseño real de los procesos judiciales, sin una transformación digital de verdad, y sin incorporar perfiles profesionales adecuados, no cambiará nada.
¿Queremos de verdad un cambio?
Entonces la respuesta no está en Madrid, en el BOE, ni en las grandes reformas legislativas. Está en los juzgados de a pie. Está en meter en el sistema a ingenieros, gestores, tecnólogos y profesionales que vengan del mundo de la eficiencia y no del derecho.
Porque la Justicia no es solo un problema jurídico. Es, sobre todo, un problema de procesos. Y eso —por mucho que les pese a algunos— no lo arreglan más leyes.
Lo arreglan más ingenieros.
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