Los órganos judiciales españoles registraron 2.288.305 nuevos asuntos entre enero y marzo de 2025, lo que representa un aumento del 15,6 % de la litigiosidad respecto al mismo periodo del año anterior.
Así lo refleja el informe estadístico hecho público este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que alerta de una “tendencia al alza sostenida” en la carga de trabajo judicial.
El documento, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, pone el foco en el fuerte incremento registrado en la jurisdicción civil, donde el número de nuevos procedimientos ascendió a 1.212.424, un 31,5 % más que en el primer trimestre de 2024.
También se resolvieron 935.835 asuntos (+14,6 %), y quedaron en trámite 2.961.998, un aumento del 24,4 %.
En total, los tribunales españoles resolvieron 2.027.120 procedimientos, lo que supone un incremento del 8 % interanual.
Sin embargo, el volumen de asuntos pendientes alcanzó los 4.784.126, un dato que refleja un crecimiento del 17,1 %, situando a la Justicia española ante un evidente riesgo de saturación.
Jurisdicción penal y contencioso-administrativa
En el ámbito penal se registraron 887.573 nuevos asuntos (+2,6 %), se resolvieron 898.273 (+2,1 %) y quedaron en trámite 1.119.714 (+7,6 %).
Por su parte, la jurisdicción contencioso-administrativa experimentó un incremento mucho más moderado, con 54.069 asuntos nuevos (+1 %), 60.720 resueltos (+5 %) y 221.063 en trámite, cifra que supone una ligera caída del 1,7 %.
Jurisdicción social: menos ingresos, más pendientes
La única jurisdicción que registró un descenso en el ingreso de asuntos fue la social, con 133.211 nuevos procedimientos, lo que supone una caída del 3,5 %. Sin embargo, el número de resoluciones aumentó a 132.270 (+7,9 %) y los asuntos en trámite subieron a 481.321 (+9,1 %).
Canarias lidera la litigiosidad
En cuanto a la tasa de litigiosidad, Canarias encabeza el ranking con 63,91 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de cerca por Madrid (50,99) y Asturias (50,98). También por encima de la media nacional se situaron Andalucía (49,80) y Cataluña (48,06).
El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (46,97), Murcia, (45,16), Comunidad Valenciana (44,55); Castilla y León (42,88); Galicia (42,51); Cantabria (40,90), Castilla-La Mancha (40,15), Extremadura (39,57), La Rioja (39,13), Navarra (38,98), Aragón (37,19) y País Vasco (33,03).
La media nacional se situó en 47,07, frente a los 40,67 del mismo trimestre del año anterior.
