El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena fue muy claro: abordar ahora una reforma estructural de la Justicia sería un error.
“No pueden realizarse reformas estructurales en el Ministerio Fiscal con prisas y sin acuerdo de las principales fuerzas políticas. No es el momento”, afirmó ayer con rotundidad durante la presentación de su libro La justicia amenazada (Espasa, 2025), en un acto celebrado en el Colegio de la Abogacía de Cantabria, en Santander, junto al decano, Carlos Pérez Sánchez, y Lola Cruz,
Marchena, que presidió la Sala de lo Penal del Supremo durante una década, argumentó que cambios de calado —como el paso de la instrucción penal del juez al fiscal— exigen un amplio consenso político.
“Son decisiones que afectan a la arquitectura del sistema y no pueden tomarse sin acuerdo”, advirtió. En su opinión, el contexto actual no es propicio para ese tipo de pactos.
Un contexto muy tensionado en el que tres de las 4 asociaciones de jueces y dos de las tres de fiscales han convocado tres días de huelga seguidos los próximos 1, 2 y 3 de julio en protesta contra el contenido de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que impulsa el Ministerio de Justicia. Según las asociaciones convocantes, la norma devalúa el sistema de acceso a la carrera y compromete la independencia judicial.
El magistrado repasa en su libro asuntos especialmente sensibles para el sistema judicial español: la situación del Consejo General del Poder Judicial, el papel del fiscal general del Estado —“históricamente controvertido”—, el uso abusivo del aforamiento, la acción popular, la violencia machista o los delitos de odio. Temas que, en sus palabras, requieren reflexión y serenidad institucional.
En materia de violencia machista, Marchena reconoce avances significativos: “Se ha hecho muchísimo y se ha roto la indiferencia social”. No obstante, ha matizado que persiste una “confianza mágica en las soluciones normativas” y subrayó la necesidad de ampliar los recursos asistenciales a las víctimas, así como reforzar la educación en el respeto a la mujer desde edades tempranas.
“Muchos chavales no están concienciados ni educados en la dignidad de la mujer”, lamentó.
Sobre la acción popular —una figura singular del ordenamiento español—, recordó su valor constitucional, pero ha criticado que los partidos la utilicen como prolongación del combate político. “No todo cabe en el proceso penal”, subrayó.
El acto contó con la presencia de autoridades judiciales y políticas como José Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria; Isabel Urrutia, consejera de Justicia del Gobierno regional; y el expresidente de la Autonomía cántabra, Miguel Ángel Revilla.
