La respuesta de Booking ha sido inmediata y cooperativa, según ha valorado positivamente el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Foto: Booking.
Booking elimina 4.093 anuncios ilegales, la mayoría en las Islas Canarias, por orden del Ministerio de Consumo
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26/6/2025 22:15
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Actualizado: 26/6/2025 22:15
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Booking ha retirado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos ilegales tras recibir un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La mayoría de las publicaciones afectadas estaban ubicadas en las Islas Canarias, aunque también se han eliminado anuncios en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
El requerimiento, enviado por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, instaba a la plataforma a suprimir toda publicidad que incumpliera la normativa vigente.
La respuesta de Booking ha sido inmediata y cooperativa, según ha valorado positivamente el Ministerio, que subraya la necesidad de que este tipo de anuncios ofrezcan garantías legales a los consumidores.
Lucha contra el alojamiento turístico ilegal
Esta acción forma parte de la ofensiva del Gobierno contra la proliferación de pisos turísticos irregulares. Según Bustinduy, estos anuncios contribuyen directamente a la crisis de acceso a la vivienda en zonas con alta presión turística como el archipiélago canario.
Airbnb, también en el punto de mira
La intervención contra Booking se produce apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara por segunda vez los requerimientos del Ministerio contra Airbnb.
La plataforma solicitó sin éxito medidas cautelares para frenar la retirada de 5.800 anuncios ilegales. El tribunal ratificó la legalidad de la actuación administrativa e hizo extensible su aval a otros dos requerimientos que afectan a un total de 65.935 anuncios.
Las tres infracciones más comunes
Según la Unidad de Análisis de Consumo, los anuncios retirados por Booking y Airbnb presentan tres tipos principales de irregularidades: ausencia del número de registro turístico, exigido por varias normativas autonómicas; uso de licencias falsas o no verificadas, que inducen a error al consumidor; falta de información sobre la naturaleza del arrendador (particular o profesional), un dato esencial para determinar los derechos del consumidor.
Con estas actuaciones, el Ministerio refuerza su compromiso con una oferta turística legal, transparente y segura, y advierte a las plataformas digitales que la tolerancia frente a la publicidad ilícita ha terminado.
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