La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado archivar las diligencias informativas abiertas contra el magistrado Carlos del Valle, titular del Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, tras la polémica generada por una comparación realizada durante la declaración del humorista Héctor de Miguel, conocido como “Quequé”.
La intervención del juez, realizada en sede judicial, intentaba —según él mismo expresó— ilustrar mediante un ejemplo el tipo de discurso que podría considerarse ofensivo, en referencia a una broma del humorista sobre el Valle de los Caídos.
En su exposición, Del Valle mencionó de forma hipotética la posibilidad de “volar la plaza Pedro Zerolo” y “tirar las piedras a todos los homosexuales”, una frase que, una vez publicada por la Cadena SER, generó una intensa reacción pública.
La Fundación Pedro Zerolo y la Plataforma Trans denunciaron los hechos ante el CGPJ y reclamaron la apertura de un expediente sancionador, al entender que el juez había cruzado una línea incompatible con su función.
“Resulta inaceptable que esto provenga de una persona cuya responsabilidad es garantizar la justicia”, sostuvo la fundación. La Plataforma Trans, por su parte, pidió también la actuación de oficio del Ministerio Fiscal por posible delito de odio.
Sin embargo, según fuentes jurídicas, el instructor del expediente —el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde— concluyó que no concurrían elementos suficientes para considerar que el juez incurriera en responsabilidad disciplinaria.
La clave: las manifestaciones, aunque desafortunadas, se produjeron en el contexto de una toma de declaración —acto reservado por ley— y no expresaban una intención discriminatoria, sino que pretendían establecer un paralelismo argumentativo con las expresiones del investigado.
En consecuencia, Conde propuso el archivo de las diligencias. La Comisión Permanente, tras estudiar la propuesta, la aprobó.
Esta resolución zanja un asunto que ha cruzado los límites de lo jurídico para instalarse en el debate público. Para el CGPJ, las palabras del magistrado no constituyen un discurso de odio ni un incumplimiento de sus deberes judiciales.
La frontera entre el exceso verbal y la infracción disciplinaria, en este caso, no se habría traspasado.
El archivo no exime de controversia. Reabre el debate sobre los límites de las expresiones en el ejercicio judicial y la responsabilidad institucional cuando se abordan asuntos sensibles, especialmente aquellos que afectan a colectivos vulnerables.
