Administrativando Abogados, boutique de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo, supera los primeros seis meses de 2025 aumentando considerablemente su facturación, concretamente un 30% en relación al mismo espacio temporal que el pasado ejercicio, acercándose al millón de euros de importe neto de facturación. Igualmente, crece en rentabilidad un 20%.
Según indica Antonio Benítez Ostos, socio-director y fundador de Administrativando Abogados: “Estoy muy satisfecho con estos resultados que confirman no sólo la posición y el liderazgo que como firma tenemos a nivel nacional en la especialidad, sino que ostentamos la capacidad de seguir escalando de forma progresiva pero sostenida sin límites ni techo alguno. Y ello desde una posición eminentemente orgánica, aumentando constantemente el valor que la marca tiene en el mercado, su potencia y el atractivo que presenta tanto para la generación de negocio como para la captación de talento y su retención”.
Asimismo, señala que estos datos reflejan un crecimiento prácticamente en todas las áreas que configuran el derecho administrativo y contencioso -administrativo que tratan en el despacho, gracias a nuevas políticas que han implementado en los últimos meses, así como a la defensa de asuntos de suma relevancia social, económica y de gran impacto mediático.
Nuevos retos propuestos
Benítez Ostos, apunta que en este 2025, sus objetivos pasan por consolidar la estructura, amén de seguir creciendo a gran escala, aumentar su equipo de trabajo, para lo cual la firma tiene en curso varios procesos de selección y la implantación de Inteligencia Artificial que permita una mayor efectividad en el trabajo que cada abogado viene desempeñando.
Sobre esto último, si bien el despacho ya ha hecho una apuesta importante y tiene mecanismos que forman parte de su funcionamiento, están trabajando en una IA propia y exclusiva para la organización que se dará a conocer en los próximos meses.
Asimismo, si bien Administrativando Abogados ya contaba con acuerdos de colaboración con Universidades como el ISDE, Salamanca y Loyola, a primeros de año cerró una alianza con la Universidad Villanueva con quien, además, ha lanzado recientemente el primer premio internacional en materia de derecho administrativo que reconocerá el mérito académico a los mejores TFG y TFM en Universidades europeas y americanas, que se presenten por parte de los candidatos.
Igualmente el despacho aclara que seguirán incrementando estos acuerdos de colaboración académica, al igual que ampliarían las alianzas bests friends que les permita una mayor proyección internacional. Actualmente, Administrativando Abogados cuenta con representación en Panamá, Costa Rica, República Dominicana, París y Oporto.
Actualidad jurídica
Uno de los aspectos que más le preocupa de la reforma, es la modificación de los procesos de selección y acceso a la carrera judicial y fiscal.
En este sentido, indica que la supresión del segundo examen oral, la introducción de dictámenes prácticos y la inversión de fases en el concurso-oposición, pueden suponer, en la práctica, un retroceso en el respeto a los principios de mérito y capacidad que deben presidir el acceso a un poder crucial en nuestro Estado de Derecho.
Otro aspecto crítico para el Letrado, es el proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, presentado por el Gobierno como una respuesta a las exigencias europeas de reducción de la temporalidad, que, sin embargo, puede provocar una integración de sustitutos en la Carrera Judicial, sin las debidas garantías de igualdad, mérito y capacidad, lo que supone un agravio comparativo respecto a quienes acceden por el turno libre tras años de estudio y sacrificio.
En relación a la reciente huelga de jueces y fiscales por el proyecto de Ley Orgánica impulsado por el gobierno para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, Benítez Ostos, considera que se trata de un despropósito normativo, que puede minar la excelencia y la imparcialidad exigida al poder judicial.
El socio-director de Administrativando Abogados, también se pronuncia sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de Amnistía. Considera que esta última incurre en un manifiesto y palmario fraude de ley en tanto que no fue impulsada, tramitada y aprobada para pacificar la situación con Cataluña sino para la investidura del Sr. Sánchez como presidente del ejecutivo.
Asimismo, entiende que la misma vulnera de forma directa la Constitución Española, concretamente el derecho a la igualdad, entre otros, suprimiendo de facto las facultades del poder judicial que han de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Concluye señalando que esta sentencia, según su criterio, pone en riesgo la separación de poderes y que se debería de articular de forma inmediata, entre otras medidas, un nuevo sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General. A su juicio, es necesario, ahora más que nunca, fortalecer y garantizar la separación de poderes y el Estado de Derecho.
