El Juzgado de lo Penal 1 de Alcalá de Henares ha condenado a dos personas por suplantar la figura del gestor administrativo.
La resolución judicial reconoce expresamente que la actividad de tramitación ante organismos públicos y privados es una función reservada legalmente a los Gestores Administrativos colegiados, lo que refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y del mercado frente a quienes suplantan esta condición profesional.
Los hechos probados son contundentes: los acusados utilizaron una sociedad para anunciarse como «expertos en transferencias y matriculaciones» sin estar habilitados. Ofrecían servicios que la ley reserva exclusivamente a Gestores Administrativos colegiados, según establece la normativa vigente.
Penas de prisión y indemnizaciones
La sentencia impone a cada condenado 4 meses y 16 días de prisión por estafa continuada, más idéntica pena y multa por falsedad en documento oficial. Se aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
El aspecto económico es relevante: deberán indemnizar a una decena de afectados con cantidades que en algunos casos superan los 2.000 euros, más intereses legales.
Parte de estas cuantías se determinarán en ejecución de sentencia, vinculadas directamente con gestiones incumplidas en transferencias de vehículos.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, interpreta el fallo como «una victoria de la profesión, pero también de los ciudadanos. “luchar contra el intrusismo no es solo proteger al profesional, es también proteger al cliente”.
La sentencia «protege a los consumidores, consolida la reserva legal de actividad y confirma que quien suplanta a un Gestor Administrativo puede ser condenado por estafa».
El juzgado suspende la ejecución de las penas de prisión durante dos años, condicionada a tres requisitos: no reincidir, abonar la responsabilidad civil y permanecer a disposición judicial.
Documentos falsos y engaño sistemático
La resolución judicial destaca que los condenados entregaban documentos que «simulaban ser oficiales». Falsificaban el formato de justificantes electrónicos que únicamente puede emitir el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, vulnerando la Instrucción 14/V-107 de la Dirección General de Tráfico.
El tribunal considera probado que la acusada principal «no tenía intención alguna de efectuar estas gestiones que, por otro lado, no estaba autorizada a efectuar». El modus operandi era claro: cobrar por servicios que no podían prestar legalmente.
Precedente contra el intrusismo
Esta resolución trasciende el caso concreto. Establece que quien se presenta falsamente como gestor administrativo incurre en responsabilidad penal y civil, con consecuencias que van más allá de lo económico.
El intrusismo profesional no es solo competencia desleal. Como demuestra este caso, puede lesionar gravemente los derechos de consumidores que contratan servicios creyendo estar en manos de profesionales habilitados.
La resolución refuerza el marco legal vigente, reconoce el papel exclusivo del gestor administrativo colegiado y envía un mensaje inequívoco: el intrusismo tiene consecuencias penales.
