El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Madrid ha convocado para el próximo 10 de septiembre el acto de conciliación reclamado por el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajo amenaza de querella por llamarle «presunto delincuente» y mostrarse «convencida» de que «va a volver a la cárcel».
Así se ha acordado después de que De Aldama presentara en mayo una demanda de conciliación en la que reclama 250.000 euros a la vicepresidenta del Gobierno, según ha avanzado ‘ABC’.
El empresario investigado también pide a la ministra que «se retracte públicamente» por esas declaraciones «injuriosas», realizadas durante una entrevista en el programa ‘Lo de Évole’ el pasado 16 de marzo.
De Aldama avisó de que si no llegaban a un acuerdo en un acto de conciliación, presentará una querella contra Montero «por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad».
Ninguno de los dos tendrá que ir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente con que estén presentes sus abogados, han recordado las mismas fuentes.
PREJUICIOS DE CULPABILIDAD
En la demanda de conciliación, De Aldama afea a la ministra que le atribuyese «de manera directa» la condición de «delincuente», aunque lo matizase «irónicamente» con la palabra «presunto».
También critica que dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, «precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria».
Se refiere al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado y por el que fue detenido el pasado octubre y luego puesto en libertad en noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que declarara como investigado en otro procedimiento, el denominado ‘caso Koldo’, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario y de obra pública.
De Aldama considera que Montero «ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado», que tiene la «obligación» de «respetar» el derecho a la presunción de inocencia, al trasladar «a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad» en su contra.
En el marco del escrito, a cargo de su abogado, el letrado José Antonio Choclán, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que «cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada».
