Hace un año se produjo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras llegar a un acuerdo los partidos PSOE-PP, acabando con el bloqueo institucional del órgano de gobierno de los jueces.
Comenzaba una nueva etapa que levantó expectativas de renovación, se abría la puerta a una nueva forma de gestionar el órgano de gobierno de los jueces.
El nuevo CGPJ entrante tenía la oportunidad de hacer las cosas de un modo diferente. Afrontaba el reto de cubrir más de 100 nombramientos pendientes en la cúpula judicial: magistrados del Tribunal Supremo, presidencias de salas de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Sin embargo, doce meses después la realidad es tan decepcionante como previsible.
El CGPJ ha efectuado hasta la fecha un total de 120 nombramientos (sin contar juristas de reconocida competencia, turno autonómico o juristas militares).
Un análisis de los datos refleja una absoluta y evidente desproporción en los nombramientos, revelando una distribución altamente desequilibrada y un reparto sesgado que desacredita cualquier pretensión de renovación o apertura.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha obtenido 58 plazas —el 48,3% del total—, prácticamente la mitad de las designaciones.
En cambio, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (segunda fuerza asociativa con 933 miembros en 2024) únicamente ha obtenido 8 de esas plazas, un exiguo 6,7%, de las cuales solo 3 fueron adjudicadas mediante concurrencia competitiva; las otras 5 correspondieron a candidaturas únicas.
Peor aún, refleja también una infrarrepresentación sistemática respecto de los jueces no asociados, que constituyen un porcentaje aún mayor del conjunto de la carrera judicial. Tampoco han conseguido representación proporcional: apenas 27 nombramientos.
INFRARREPRESENTACIÓN
Sumando estos últimos con Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente —que constituyen el 65,9% de la carrera judicial—solo alcanzan el 31,7% de los cargos. Estos datos ponen de relieve un patrón de infrarrepresentación sistemática de la pluralidad asociativa y del mérito individual, en detrimento de un reparto equilibrado.
El mecanismo de elección adoptado por el CGPJ se basa en la existencia de unanimidad entre sus vocales para aprobar nombramientos. En la práctica, resulta estadísticamente imposible que no se produzcan discrepancias entre veinte representantes de sensibilidades distintas, lo que sugiere un pacto de intercambios: “tantos de los tuyos por tantos de los míos”.
Lejos de priorizar la excelencia, el mérito y la capacidad, este sistema promueve un reparto de cromos que favorece a determinadas asociaciones (curiosamente las dos únicas con representación en el CGPJ).
Cuando los nombramientos se perciben como resultado de pactos políticos o cuotas asociativas, la excelencia y la capacidad quedan subordinadas a intereses opacos. Lejos de fortalecer el prestigio de la judicatura, este sistema erosiona la credibilidad en cada sala y en cada tribunal.
Los datos demuestran que el actual sistema de nombramientos está fallando en su objetivo de garantizar una representación equilibrada y meritocrática.
La sobrerrepresentación especialmente de una sola asociación en detrimento de la pluralidad asociativa y de los jueces no asociados compromete también la percepción de independencia e imparcialidad que debe caracterizar al poder judicial.
Los tribunales superiores —Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales— fijan la jurisprudencia que los jueces aplicamos cotidianamente, al resolver los asuntos que nos plantean los ciudadanos.
Sin cuestionar la capacidad de quienes han sido nombrados, lo que es evidente es que, si no se garantizan los mejores nombramientos, que lleguen los mejores, perdemos todos. Los propios jueces y la ciudadanía.
«La única vía para restaurar la confianza y asegurar la representación equilibrada de todas las sensibilidades judiciales es permitir que sean los propios jueces quienes elijan directamente a los doce vocales judiciales del CGPJ».
HA SIDO UNA MERA ILUSIÓN
Pierde la justicia en su conjunto, la calidad de las resoluciones judiciales queda comprometida y pierde la ciudadanía, al minar su confianza en un sistema imparcial y profesional.
Se ve amenazada de esta forma la credibilidad en la propia justicia. No podemos olvidar que son los ciudadanos los destinatarios de la gran mayoría de las resoluciones judiciales que dictamos.
La renovación del CGPJ ha demostrado ser una mera ilusión. A pesar de las expectativas iniciales de cambio y mejora, los datos revelan una realidad decepcionante y previsible.
Es evidente que el actual mecanismo de elección, basado en pactos y cuotas no garantiza la excelencia ni la imparcialidad. Es ingenuo esperar un cambio de actuación del CGPJ bajo las actuales reglas del juego.
La única vía para restaurar la confianza y asegurar la representación equilibrada de todas las sensibilidades judiciales es permitir que sean los propios jueces quienes elijan directamente a los doce vocales judiciales del CGPJ.
De este modo, se preservaría la independencia frente a la injerencia de los partidos políticos y se garantizaría una selección basada estrictamente en el mérito y la capacidad.
Solo así podremos aspirar a un CGPJ que actúe con transparencia, equidad y en defensa real de la independencia judicial: principios ineludibles para el sostenimiento de nuestro Estado de Derecho. La pregunta es ¿llegaremos a verlo algún día?
