Los errores eran demasiado sistemáticos para ser casuales. Citas inventadas, casos inexistentes, declaraciones atribuidas a empresas que nunca las hicieron. Cuando los abogados comenzaron a diseccionar la sentencia del juez Julien Xavier Neals surgió una sospecha incómoda: ¿había utilizado algún tipo de inteligencia artificial para redactar su resolución?
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, Estados Unidos, se ha visto obligado a retirar su sentencia 30 de junio –para redactarla de nuevo– en un caso de valores bursátiles después de que los letrados denunciaran «inexactitudes generalizadas y materiales» que recordaban peligrosamente a los errores típicos de herramientas como ChatGPT.
Un caso judicial que ha puesto en evidencia un problema inédito: cuando los errores no los cometen los abogados, sino el propio juez.
La decisión fallida
El caso giraba en torno a CorMedix Inc., una empresa biofarmacéutica demandada por sus accionistas por supuestamente mentir sobre su medicamento DefenCath durante el proceso de aprobación ante la FDA.
Neals había denegado la petición de la empresa para desestimar la demanda colectiva, pero su fundamentación jurídica contenía errores elementales que cualquier estudiante de Derecho habría evitado.
La gravedad de los fallos quedó patente cuando Andrew Lichtman, socio de Willkie Farr & Gallagher y representante de CorMedix, escribió una carta al juez sugiriendo diplomáticamente que «considerara si debía tomar alguna acción» respecto a los errores detectados. Una forma elegante de decir: «Su señoría, esto está mal hecho».
Citas inventadas y casos inexistentes
Los errores no fueron simples descuidos. Neals atribuyó al tribunal del caso Dang v. Amarin Corp. la frase «evidencia clásica de dolo», cuando esa cita simplemente no existe en la sentencia original.
Hizo lo mismo con un caso de Intelligroup, inventando unas declaraciones judiciales sobre «declaraciones falsas por derecho propio» que nunca se pronunciaron.
Más grave aún: citó un caso supuestamente tramitado en el Distrito Sur de Nueva York (Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek v. Verizon Commc’ns Inc.) que, según Lichtman, no existe en esa jurisdicción.
«Creemos que el tribunal se refería a un caso con el mismo título del Distrito de Nueva Jersey», escribió el abogado con notable contención.
El colmo llegó cuando Neals atribuyó a CorMedix dos declaraciones que la empresa nunca realizó, según consta en los autos del caso.
El efecto dominó
La chapuza judicial ya había causado daños colaterales. Los abogados de accionistas de Outlook Therapeutics Inc., en un caso paralelo también en Nueva Jersey, habían citado la decisión de Neals como «autoridad suplementaria» para apoyar sus argumentos contra otra empresa biofarmacéutica.
Los letrados de Cooley que defienden a Outlook no perdieron la oportunidad. Caroline Pignatelli y Sarah Lightdale fueron implacables en su respuesta del 15 de julio: «La decisión de CorMedix contiene inexactitudes generalizadas y materiales. Caracteriza erróneamente autoridades clave e incluye citas de jurisprudencia y alegaciones que no pueden encontrarse en las fuentes citadas».
La existencia de citas falsas, añadieron, «como mínimo reduce severamente cualquier valor persuasivo» de la decisión.
Los abogados de Pomerantz, representantes de los accionistas de Outlook, optaron por retirar discretamente su referencia a la resolución de Neals.
La sombra de la inteligencia artificial
Aunque el comunicado judicial evita cuidadosamente mencionar el uso de IA, el patrón de errores resulta revelador.
Las citas inventadas, los casos inexistentes y las atribuciones falsas son exactamente el tipo de «alucinaciones» que caracterizan a herramientas como ChatGPT cuando se utilizan sin verificación.
El caso surge, además, en un momento en que los tribunales están sancionando cada vez más a abogados por estos mismos errores.
Dos letrados de Manhattan fueron multados con 5.000 dólares en 2023 por presentar un escrito generado por IA con citas falsas.
El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito de Texas impuso una sanción de 2.500 dólares por un caso similar. La similitud de los errores de Neals con estos precedentes no ha pasado desapercibida en los círculos legales.
«El uso de IA u otra tecnología no excusa la negligencia o el incumplimiento de estándares profesionales», escribieron los magistrados texanos. Una advertencia que, aparentemente, se aplica tanto a abogados como a jueces.
Bruce Green, profesor de ética legal en Fordham Law School, recuerda que los jueces también pueden enfrentar sanciones disciplinarias por este tipo de errores.
Las normas establecen que un juez «debe desempeñar sus funciones judiciales y administrativas con competencia y diligencia». Y si esa competencia incluye el uso responsable de nuevas tecnologías, el listón acaba de subir considerablemente.
Una lección de humildad judicial
El caso Neals representa un recordatorio incómodo para la judicatura: en la era de la inteligencia artificial, los errores elementales que tanto critican en el trabajo de los abogados también pueden afectar a quienes ocupan el estrado.
La diferencia es que cuando un juez se equivoca —o delega en una máquina sin supervisión—, las consecuencias se multiplican exponencialmente.
La escueta nota del tribunal del miércoles —»Esa opinión y orden se introdujeron por error. Seguirá una opinión y orden posterior«— cierra temporalmente un episodio embarazoso.
Pero deja abiertas preguntas inquietantes: ¿cuántas decisiones judiciales contienen errores similares que nadie se atreve a señalar? Y más importante aún: ¿está la judicatura preparada para regular el uso de IA en sus propias filas?
El representante del despacho de Neals declinó hacer comentarios. Una prudencia comprensible, dado que las palabras del juez ya habían causado suficiente daño.
