El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso firme y directo: ha remitido a los portavoces parlamentarios en el Congreso una carta en la que reclama una reforma urgente de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social.
Su objetivo es claro: declarar inhábil el mes de agosto en los procedimientos laborales ordinarios, con la excepción de los casos que por ley requieren tramitación urgente.
El argumento central del ICAM es sencillo y difícil de rebatir: no hay justificación para que en el ámbito social agosto siga siendo hábil, obligando a abogados, graduados sociales y ciudadanos a responder actuaciones en pleno periodo vacacional, mientras que en el resto de órdenes jurisdiccionales ese mes está blindado.
“No se trata solo de descanso —que también—. Es garantizar la defensa de los derechos laborales y sociales en condiciones plenas y en pie de igualdad con el resto de jurisdicciones”, subraya Eugenio Ribón, decano del ICAM. “La habilitación general de agosto en lo social es una anomalía que debe corregirse cuanto antes”.
Qué quedaría fuera
La propuesta no toca los procedimientos laborales urgentes, como los vinculados a derechos fundamentales, huelgas, elecciones sindicales o la impugnación de altas médicas. Estos asuntos, tal y como prevé la ley, seguirán tramitándose en agosto.
Con esta iniciativa, el Colegio insiste en un modelo procesal más coherente: igualdad entre jurisdicciones, seguridad jurídica y conciliación de la vida profesional. Y añade otro frente: el ámbito administrativo.
Actualmente, agosto es inhábil casi en todo el sistema judicial, pero no en la vía administrativa. La Ley 39/2015 mantiene hábil el mes para los recursos de alzada, reposición o los especiales en materia de contratación.
Para el ICAM, esto genera “una desigualdad jurídica grave” porque obliga a ciudadanos y profesionales a litigar en pleno verano.
Campaña pública
El movimiento se articulará a través de la campaña #AgostoInhábilYA y de reuniones con los portavoces parlamentarios, con la meta de que se apruebe una Proposición No de Ley que ponga orden en este terreno.
