El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la presidenta, Isabel Perelló, que traslade al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «la inconveniencia de intervenir en el acto de apertura del año judicial en las actuales circunstancias».
Los firmantes de la carta que ha recibido la presidenta esta mañana son los vocales José Luis Costa Pillado, José Antonio Montero Fernández, María Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa Conde, José María Páez Martínez-Virel, María Pilar Esther Rojo Beltrán, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta Rojas y Alejandro Abascal Junquera.
En esta misiva muestran su gran preocupación ante la normalización de la asistencia de García Ortiz, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo (TS), en un acto de solemne calado junto con Su Majestad el Rey Felipe VI, los magistrados que habrán de juzgarle sentados frente a él y el conjunto de asistentes.
«La coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda», denuncia la misiva firmada por este bloque.
En consonancia con las asociaciones que han iniciado la ofensiva contra la presencia del fiscal general en el acto que se celebrará mañana al mediodía en el TS, aseguran respetar la presunción de inocencia, dejando la competencia de entrar fondo del proceso en curso a la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Situación tensa entre los poderes Ejecutivo y Judicial
Los vocales también han solicitado a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo que visibilice su «rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado».
El pasado lunes el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, espetó acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, hecho que ha molestado bastante en este sector. Así se pronuncian en su carta dirigida a la presidenta del TS y el CGPJ, en la que definen la situación actual «de extraordinaria tensión»
Sustentan su petición replicando la lectura del artículo 117 de la Constitución Español (CE), en la que declaraba que no es un «un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos».
Finalizan su escrito reclamando a Perelló que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado» del contexto actual «a efectos de la adecuada coordinación institucional» a menos de 24 horas de la celebración del acto.
Desde la Fiscalía General del Estado indican que García Ortiz está obligado a asistir a la apertura del año judicial para presentar la memoria anual del Ministerio Público, tal y como establece el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD).
