Los números no mienten, pero duelen. En 2024, los menores españoles iniciaron 4.425 procedimientos judiciales contra sus propios padres y hermanos. Una cifra que, aunque apenas creció un 0,20% respecto al año anterior, esconde una realidad que trasciende las estadísticas: la fractura del núcleo familiar como termómetro de una sociedad en tensión.
Números contenidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado que el titular de esta institución, Álvaro García Ortiz, presentó ayer en el solemne acto de apertura de tribunales que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en un acto que presidió el Jefe del Estado, Felipe VI.
Cuando el hogar se convierte en campo de batalla
La violencia juvenil contra la familia no es solo un problema judicial, sino el síntoma de una crisis más profunda. La banalización de la violencia, el acceso temprano a contenidos tóxicos y la influencia de las redes sociales configuran un cóctel explosivo que requiere «intervención temprana y multidisciplinar».
La violencia doméstica protagonizada por menores mantiene su pulso constante. Las 4.425 causas incoadas en 2024 frente a las 4.416 de 2023 revelan una estabilización aparente que no tranquiliza a la Fiscalía. «Refleja la salud familiar», advierte el Ministerio Público, «es decir, la salud del entorno en el que el menor se desarrolla».
Los menores necesitan «adquirir madurez y alejarse de influencias marginales». Mientras tanto, las familias españolas pagan el precio de una transformación social que aún no sabemos gestionar. Los números seguirán creciendo si no actuamos ya.
La respuesta judicial busca equilibrios complejos. Los fiscales reclaman recursos específicos de reeducación y medidas de alejamiento que permitan «el acercamiento con fines terapéuticos». Castilla y León ya experimenta: la Cruz Roja implementa programas contra la violencia filioparental como alternativa extrajudicial.
El machismo precoz: 888 casos que alarman
Más preocupante resulta el repunte de la violencia de género juvenil. Los 888 expedientes de 2024 suponen un incremento del 10,04% sobre los 807 de 2023, alcanzando el pico de los últimos cuatro años.
El dato se matiza con precisión: según el Consejo General del Poder Judicial, 342 menores fueron enjuiciados por violencia sobre la mujer (277 españoles, 65 extranjeros), cifra idéntica a la del ejercicio anterior.
La paradoja se explica: más denuncias, igual número de enjuiciamientos.
«Los esfuerzos en formación en igualdad no están calando en los jóvenes», reconoce la Fiscalía, que señala directamente a las Tecnologías de la Información y las redes sociales como vectores de «información falsa» que minimiza la violencia contra la mujer.
La pornografía violenta como escuela sexual
Los delitos contra la libertad sexual crecen sin pausa desde 2017. En 2024, 3.283 causas frente a las 3.185 del año anterior: un 3,07% más de una tendencia que no se detiene.
La reforma de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual unificó agresiones y abusos sexuales, alterando las estadísticas. Resultado: 2.940 casos de agresión sexual por menores y 343 de abuso sexual.
La Fiscalía identifica el origen del problema: «el acceso indiscriminado a través de las TIC y redes sociales a contenido pornográfico violento crea una visión falsa y distorsionada de las relaciones sexuales en los menores».
El ciberespacio como nuevo escenario del crimen
La ciberdelincuencia juvenil multiplica sus formas. En 2024, 1.196 casos de acoso escolar y 1.057 delitos contra la integridad moral reflejan la traslación de la violencia al mundo digital.
La preocupación alcanza la seguridad nacional. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional incoó 50 diligencias preliminares en 2024 (26 en 2023): 31 por terrorismo yihadista, 11 por agresiones sexuales en el extranjero.
Los influencers tóxicos completan el panorama: «consumo precoz de contenidos pornográficos e incitación a conductas autolíticas» por parte de creadores de contenido sin escrúpulos.
Las cifras evidencian un sistema al límite. Las fiscalías de menores denuncian «insuficiencia de personal y recursos materiales» que dificulta «una atención diligente y eficaz».
Los MENA colapsan las fiscalías españolas
La Fiscalía General del Estado lanza una señal de alarma inequívoca en su Memoria de 2025: los Menores Extranjeros No Acompañados han desbordado el sistema judicial español. Los números no mienten y las consecuencias son inmediatas.
Las secciones de menores registran un «aumento masivo» de expedientes MENA —así lo califica textualmente la Fiscalía— que ha desestabilizado la organización del servicio. No se trata de un repunte coyuntural: es la continuación de una tendencia que ya alertó el año anterior y que ahora alcanza proporciones críticas.
Baleares, Las Palmas y Tenerife sufren el mayor impacto. En estas fiscalías, la inestabilidad de las plantillas se ha convertido en crónica, una consecuencia directa del aluvión de casos que maneja cada fiscal.
Menores abandonados en comisarías
La realidad supera cualquier protocolo. Fiscales de Granada, Castellón y Orense documentan una práctica sistemática: menores migrantes —mayoritariamente marroquíes— son abandonados en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil o centros de protección. La estrategia es simple y efectiva: declarar su desamparo para que el Estado español asuma automáticamente su tutela.
La Fiscalía reclama «una solución rápida y eficaz» para evitar dilaciones que agraven el problema. La urgencia del lenguaje oficial revela la magnitud del desafío.
La acreditación de la edad se ha convertido en el nudo gordiano del sistema. A principios de 2024, una reunión de coordinación entre fiscales de Sala de Civil, la Secretaría Técnica, la Unidad de Menores y la Unidad de Trata de Personas generó la «Nota interna conjunta núm. 1/2024 sobre documentación aportada para acreditar la edad dubitada de extranjeros».
Este texto establece criterios comunes ante documentos «auténticos en soporte, pero dudosos en contenido» —una fórmula jurídica que resume la complejidad del problema: papeles que parecen legales pero contienen información cuestionable.
