El texto, aprobado por el grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ en noviembre de 2018 y actualizado en marzo de 2022, contiene recomendaciones para la primera declaración de la víctima, su comparecencia en el juicio y la fase de ejecución de la sentencia y reclama más medios para los juzgados mixtos. Foto: Confilegal
Una guía del CGPJ recomienda que las declaraciones de las víctimas, sobre todo en el caso de delitos sexuales o de violencia de género, se realicen por videoconferencia
Este manual explica a los jueces cómo tomar declaración a las víctimas de violencia de género para evitar que el contacto con la Justicia cause "victimización secundaria" en las mujeres
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03/10/2022 13:46
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Actualizado: 03/10/2022 15:52
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Una guía del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que enseña a los jueces buenas prácticas para la toma de declaración de las víctimas de violencia de género, recomienda que las declaraciones de las víctimas, sobre todo en el caso de delitos sexuales o de violencia de género, se realicen por videoconferencia.
Con este manual se busca homologar la respuesta judicial con el fin de «generar en las víctimas de violencia machista la confianza y la seguridad que necesitan para afrontar el proceso penal».
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Se da la circunstancia de que el PSOE ha planteado en el Congreso una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para facilitar que las víctimas de violencia sexual, violencia de género o de trata declaren por videoconferencia sin necesidad de acudir al juzgado, y para ello propone que estas declaraciones telemáticas se realicen desde la oficina municipal de Justicia que les corresponda o incluso en las sedes de los centros donde les prestan asistencia.
El cambio legal se recoge en una enmienda registrada por el Grupo Socialista en el Congreso al proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, que, junto a los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Digital, constituye la base legislativa del plan Justicia 2030, defendido por el Ministerio dirigido por Pilar Llop.
La guía del CGPJ, que actualiza una primera edición publicada en noviembre de 2018, tiene vocación de seguir siendo una herramienta de trabajo útil para los miembros de la Carrera Judicial. Ha sido elaborada por los magistrados María José Barbarín Urquiaga, María Auxiliadora Diaz Velázquez, Gemma Gallego Sánchez, José María Gómez Villora, Vicente Magro Servet, Almudena Nadal Siles, Ricardo Rodríguez Ruiz y María Tardón Olmos, integrantes del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ que asesora al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, presidido por María de los Ángeles Carmona Vergara, y del que es vocal Carmen Llombart.
JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO
Estas recomendaciones se han elaborado teniendo en cuenta las previsiones contenidas en la Ley de Estatuto Jurídico de la Víctima y en el Convenio de Estambul, así como la doctrina del Tribunal Supremo.
Uno de los autores de esta guía, Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha declarado a Confilegal que «la adecuada y correcta atención a las víctimas en sede judicial es una exigencia que hay que atender para evitar la existencia de cifras negras de la criminalidad en el maltrato a mujeres y delitos sexuales, así como en el maltrato a menores».
Además, recuerda que el propio Tribunal Supremo dictó una sentencia –la 119/2019, de 6 de marzo, de la que fue ponente-, en la que se fijan 11 parámetros para que los jueces y tribunales puedan tener criterios orientativos a la hora de valorar la declaración de la víctima en el proceso penal, tales como claridad expositiva, lenguaje gestual, ausencia de contradicciones o lagunas y seguridad en su declaración, entre otras.
«Ahora bien, en la misma sentencia, dado que resulta evidente que muchas víctimas acuden con miedo a la declaración en los juicios, se recuerda que la víctima puede sentir ese miedo en el juicio y declarar de manera que pudiera incumplir esos parámetros, lo cual debe ser tenido en cuenta por el juez o tribunal para valorar si la víctima no los cumple por miedo y es escueta en su declaración y su lenguaje visual no es el que se podría exigir para evaluar que dice la verdad», destaca.
Magro Servet explica que por ello mismo, se recomienda que las declaraciones de las víctimas, sobre todo en el caso de delitos sexuales o de violencia de género, se lleven a cabo por videoconferencia evitando su presencialidad, que puede ser causante de ese miedo que haga dudar al tribunal de que dice la verdad.
«Ello provocaría que el tribunal debería proceder a la citación de oficio a estas víctimas para que declaren por videoconferencia», aclara.
Magro subraya que «una defectuosa atención judicial en la atención a quien ha sido víctima del delito provoca e incentiva un rechazo a contar lo ocurrido e incrementa la victimización por el ‘recurso al silencio’ si se comprueba que no se atiende bien a quien ha sufrido un problema tan grave».
Según explica, el objetivo de esta herramienta es potenciar la confianza en la Justicia y reducir las cifras de «no denuncia y silencio del maltrato, así como las negativas a declarar, que en muchos casos pueden venir provocadas por una defectuosa atención institucional».
El magistrado Vicente Magro hace también hincapié en que el objetivo de este manual «no es establecer una fórmula obligatoria de actuar, evidentemente, sino un recordatorio de cómo los profesionales tenemos que atender a las víctimas que existen en nuestra sociedad cuando acuden a los tribunales», ya que la idea que debe presidir en la Administración de Justicia es la del «buen trato institucional» y la de la mejora en la formación de los profesionales que atienden asuntos tan delicados como son los relativos a los delitos cometidos con violencia.
El Observatorio explica que con la publicación de esta guía «da cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como al deber legal de las Administraciones públicas de proteger a las víctimas, y especialmente a las que sufren este tipo de violencia, a las que se reclama que denuncien los hechos para que el sistema judicial pueda ponerse en marcha y, así, ofrecerles protección y ayudas».
Este manual, actualizado el pasado mes de marzo, señala que “no es posible que el contacto de la víctima con la Administración le suponga un nuevo frente adicional al que ya ha venido sufriendo de manos de su victimario (…)”, pues se le causaría un maltrato añadido. Estos expertos destacan que como consecuencia de esta “revictimización”, la víctima sentirá una mayor desconfianza hacia el sistema, justo lo que se intenta evitar o, al menos, minimizar por las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia machista.
Las recomendaciones contenidas en la guía giran en torno a unas ideas básicas generales, la primera de las cuales consiste en ofrecer a la víctima una información clara y accesible que le permita saber a qué tiene derecho, pues «solo así podrá solicitar una orden de protección, la imposición de medidas relacionadas con sus hijos e hijas, ayudas sociales, atención psicológica o asistencia letrada gratuita, entre otras».
El Observatorio incide en la importancia de evitar la victimización secundaria, entendida como “las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal” por el “choque frustrante” entre sus legítimas expectativas y la realidad. Esta revictimización deja a las víctimas “desoladas e inseguras” y genera en ellas una pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad de éstas de dar una respuesta a su situación, según la Guía.
«El contacto con la Administración de Justicia no puede contribuir a aumentar el sentimiento de culpabilidad que con frecuencia tienen las víctimas de violencia machista. Cuando dan el paso de denunciar los hechos, llegan en una situación psicológica que les hace “sentirse indefensas” y vulnerables. Del trato que reciban en ese momento depende su mayor o menor confianza en el sistema e, incluso, su voluntad de seguir adelante con el procedimiento, que en muchas ocasiones es la única salida que les queda frente a la espiral de violencia que sufren», expone.
SITUACIÓN ‘INSOSTENIBLE’ DE LOS JUZGADOS MIXTOS
Con la misma finalidad, se recomienda evitar el peregrinaje judicial de la víctima resolviendo sobre las medidas civiles y penales solicitadas tras su primera comparecencia, también en los casos en los que se ha producido ante el juzgado en funciones de guardia. En este punto es importante también que se procure disminuir la ansiedad de la víctima evitando por todos los medios posibles su confrontación visual con el agresor. La guía insta a los órganos judiciales a solicitar a las Administraciones competentes que les doten de los medios adecuados en el caso de que no dispongan de ellos.
Una buena organización judicial favorece la protección de la víctima, señalan los expertos del Observatorio, que reclaman de las instituciones competentes en materia de Administración de Justicia que tomen “en consideración la insostenible situación de los Juzgados mixtos con competencias en materia de violencia sobre la mujer, pues no pueden prestar un servicio público adecuado (ni en el fondo ni en la forma) a la víctima y a sus hijos e hijas”. También consideran necesario reducir los tiempos de respuesta (la lentitud perjudica a las víctimas) e insisten en la importancia de especializar a todos los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos de violencia sobre la mujer.
Partiendo de los criterios generales antes expuestos, la Guía contiene un conjunto de medidas relacionadas con el desarrollo de la primera declaración judicial de la víctima, que deberá tener lugar en un clima que le dé seguridad y confianza. También, medidas dirigidas a determinar si existe una situación de especial riesgo para la vida de la víctima o para sus hijos e hijas; si recibe amenazas, valorar su “seriedad y la inminencia” de lo que anuncian; o si el miedo es la causa de determinadas decisiones (como la de acogerse a la dispensa de prestar declaración), en cuyo caso la víctima deberá recibir toda aquella información que le ayude a decidir libre y voluntariamente y se le deberá dar todo el tiempo que necesite para ello.
LA VÍCTIMA ANTE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO
Otro bloque de medidas se refiere a la atención que debe darse a las víctimas en los órganos de enjuiciamiento, donde deben recibir un tratamiento “propio, específico y diferenciado” del resto de testigos pues, dada su doble condición de testigo-víctima, las leyes les otorgan también unos derechos específicos. Entre otras, la guía considera “buenas prácticas” que el día antes de la vista oral se les ofrezca la posibilidad de declarar por videoconferencia o de acudir acompañadas por una persona de su confianza.
El día del juicio, debe respetarse el derecho de la víctima a no tener contacto directo con el acusado en aquellos casos en los que no haya optado por la declaración por vía telemática. En el caso de los menores, la declaración deberá hacerse mediante prueba preconstituida, evitando su comparecencia en el juicio oral. Asimismo, deben evitarse las preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no guarden relación con los hechos enjuiciados o aquellas que carguen la culpa de los hechos sobre ella.
Destacan, asimismo, las medidas dirigidas a los medios de comunicación con el fin de preservar la intimidad de las víctimas y de sus familiares evitando la difusión de cualquier información que pueda facilitar su identificación.
La guía incluye un conjunto de recomendaciones para la fase de ejecución de las sentencias, donde la dispersión de las normas aplicables “contribuye a la confusión y el frecuente olvido de la participación de la víctima” pese a la importancia de que ésta conozca las resoluciones que afectan al cumplimiento de las penas de prisión, penas de localización permanente, de prohibición de aproximación o a los permisos y beneficios penitenciarios, entre otras, por cuanto pueden suponer un aumento del riesgo. Por lo tanto, aunque no esté personada y especialmente cuando se trate de delitos graves, el juez de vigilancia penitenciaria debe notificar sus resoluciones a la víctima.
DISPOSITIVOS DE CONTROL TELEMÁTICO
Un último capítulo de la guía se refiere a los dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento, una herramienta “de extraordinaria utilidad” porque contribuye a garantizar la seguridad física de las víctimas tanto por el efecto disuasorio que genera en el investigado o penado como porque gracias a su uso cualquier incumplimiento de la pena o de las medidas impuestas queda registrado y se convierte en un valioso medio de prueba.
Las recomendaciones de los expertos del Observatorio en relación con estos dispositivos, cuyo empleo va en aumento por sus buenos resultados (en la actualidad hay en torno a 3.000 activos), se refieren especialmente a la gestión de las incidencias técnicas que puedan surgir durante su uso, pues puede llegar a causar una percepción negativa en la víctima. La incidencia más frecuente tiene que ver con la emisión de alertas que no se corresponden con una situación real de riesgo sino con una pérdida momentánea de cobertura o con una “invasión” casual por el penado o investigado de la zona de exclusión durante pocos segundos como consecuencia de un mero desplazamiento.
El Observatorio considera oportuno mejorar la coordinación e intercambio de información entre los operadores implicados (el órgano judicial, el centro penitenciario, el centro que opera y controla los dispositivos y los servicios policiales) con el fin de activar en cada caso la protección más adecuada en función del riesgo existente. Asimismo, sigue reforzando la formación de todos los operadores jurídicos implicados sobre el uso y funcionamiento de este recurso, cuya eficacia en la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas se considera incuestionable.
Por último, la guía propone potenciar el uso de dispositivos telemáticos para garantizar la seguridad de los hijos e hijas de las víctimas, así como indagar en la creación de dispositivos en mochilas escolares o relojes, buscando que sean adecuados a la edad de los menores.
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