La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos enviados y recibidos en su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018, cuando se realizó el nombramiento de su asesora, Cristina Álvarez.
En un recurso directo de apelación, solicita que deje sin efecto la providencia en la que juez Juan Carlos Peinado ordena a Presidencia entregar dichos ‘emails’ a los agentes para su análisis en el marco de la causa en la que le investiga por presunta malversación en la contratación de su asesora.
«El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica», sostiene la defensa.
Cabe recordar que en la misma providencia el juez Peinado exigió además a Moncloa que indicase «el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia, así como el nombre de quiénes «han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha».
El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de Gómez, insiste en que no ha habido malversación alguna en la contratación de la asesora y asegura que «la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación».
