Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado sobre el presunto delito de malversación relativo a su contratación en Moncloa.
Fuentes jurídicas han confirmad que así lo ha decidido Álvarez, que estaba citada a comparecer a las 11.00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el marco de una de las ramas de la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del mismo modo, está previsto que a las 12.00 horas comparezca la propia Gómez, citada también por presunta malversación.
Es la tercera vez que la trabajadora de Moncloa comparece ante el juez Peinado. Primero acudió en calidad de testigo, con obligación de contestar con la verdad a todas las partes personadas en el procedimiento; la segunda vez declaró en calidad de investigada y se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su defensa, a cargo del letrado José María de Pablo.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló la declaración como testigo y solo validó el interrogatorio en el que participó como investigada. Esta instancia superior también descartó que se pudiese atribuir un delito de malversación a Álvarez por su contratación, al entender que dicho delito sólo podía achacarse a quienes participaron en su designación y pago.
No obstante, el órgano consideró que se le podría investigar por un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesta relación de amistad con Begoña Gómez antes de acceder al cargo.
Un año y cinco meses de investigación
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había empezado a indagar en la presunta malversación que enmarca en el nombramiento de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito ni a Gómez ni a su asesora. De hecho, el pasado mayo descartó investigar a ambas por malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta rama de la causa solo figuraba como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y el pasado mayo se desvinculó del nombramiento en su declaración como imputado.
Hasta que Peinado amplió el procedimiento en agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios –como el investigado Juan Carlos Barrabés— que se presentaban a licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
Cristina Álvarez niega la malversación
Al igual que la defensa de Gómez, la de Álvarez ha pedido recientemente en la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en Presidencia del Gobierno. En un recurso directo de apelación, ha insistido en que no podía atribuírsele dicho delito por haber enviado correos como asesora de Gómez.
«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», ha alegado.
De igual forma, su defensa ha recalcado que con esta imputación Peinado «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye».
A su vez, su abogado ha insistido en que el juez «contradice» su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid por los mismos hechos.
