La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, instalada en Ceuta ha dictado sentencia: 9 años de inhabilitación para dos damas de la política local. Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno, y Mabel Deu, exvicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí. El delito: prevaricación administrativa.
El motivo: mandar de vuelta a Marruecos, sin papeles ni contemplaciones legales, a 55 menores que en 2021 cruzaron la frontera en pleno estallido de la crisis diplomática con Rabat.
Nueve años fuera del juego público, dice la sentencia.
Ni en ayuntamientos de aldea ni en ministerios de relumbrón. Podrán apelar ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero la cosa pinta cruda
En la vista oral, Deu y Mateos sacaron la carta del obediente funcionario: “Nos limitamos a seguir órdenes del Ministerio del Interior”. Y allí apareció Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad por aquel entonces, para protagonizar un careo digno de Berlanga.
El hombre, con memoria selectiva, balbuceó respuestas vagas, y el supuesto documento que lo respaldaba carecía de firma y sello. Justificó la maniobra en el acuerdo bilateral de 2007 con Marruecos, ese comodín que sirve para todo. Ni un notario de provincias se lo hubiera tragado.
Las togas no compraron el argumento de cumplimos órdenes superiores ni el de la buena intención ni el del acuerdo bilateral.
LOS HECHOS
El asunto huele a mayo de 2021. 15.000 personas desbordando Ceuta como si fuera la playa de Tarifa en agosto, solo que sin música chill-out ni sombrillas. Rabat soltó a su gente como quien abre la compuerta de una presa: un recordatorio práctico de que el Sáhara sigue siendo su obsesión, y España su rehén.
Entre esa marea humana, 1.200 muchachos que dijeron ser menores, y que la ciudad tuvo que acoger.
La mitad aún con espinillas, la otra con cara de haber fumado ya más tabaco y hash que un soldado en la mili.
Los jueces, con esa prosa seca que oculta la indignación, lo dejan claro: las dos responsables sabían lo que hacían. Actuaron de común acuerdo, y lo hicieron con la lucidez de quien conoce de sobra que está pisando charcos prohibidos.
El procedimiento legal brilló por su ausencia, lo mismo que el respeto a la Convención de los Derechos del Niño. Nada de informes, nada de evaluar vulnerabilidades. Se trató de cogerlos por las orejas, devolverlos al otro lado y decir: “ahí os quedáis”.
Lo más triste —y por eso mismo lo más español— es que hubo quien se plantó. La jefa de Menores de Ceuta, María Antonia Palomo, dejó constancia de su “absoluta discrepancia”.
Una funcionaria, probablemente con más sentido común que toda la clase política reunida. Naturalmente, nadie le hizo caso. Como suele ocurrir en este país cuando alguien se empeña en hacer lo correcto.
UNA OPERACIÓN PLANIFICADA
La operación, planificada con calendario y precisión de cuartel, se concretó los días 13 al 16 de agosto. Una lista de 145 chavales, de la que se extrajeron 55 al azar: criterio único, estar alojados en el polideportivo Santa Amelia y tener 17 años cumplidos.
Una ruleta rusa burocrática.
El proceso se frenó, no por arrepentimiento, sino porque un juez de lo Contencioso-Administrativo tiró del freno de emergencia. Hasta entonces, ya habían entregado a los 55 menores.
La Fiscalía local recordó con sarcasmo que nadie había tenido la decencia de llamarla al baile. Se enteraron de las repatriaciones cuando ya estaban en marcha, un día antes de que empezaran a subir a los chavales a los furgones.
Con su eterna pose de severidad funcionarial, pidió 12 años de inhabilitación. Las acusaciones particulares, más papistas que el Papa, reclamaron 15.
Y todos juntos coincidieron en retirarles los honores oficiales, como si eso doliera de verdad a quien ya ha probado las mieles del poder.
El tribunal, con un gesto solemne y casi teatral, aceptó y decidió que 9 años.
Así que ahí las tienen. Dos políticas cargando con la culpa de una decisión tomada entre el caos, la presión de la calle y el miedo a perder el control. Ni heroínas ni villanas: simples piezas de un tablero que otros mueven desde más arriba.
Lo único cierto es que la justicia las ha fulminado, y que en Ceuta, como tantas veces en su historia, los inocentes —en este caso, los críos— pagaron la factura de un pulso entre dos países que llevan siglos jugando a la traición y al descaro en la misma frontera.
