Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado al Tribunal Supremo (TS) que retira su petición de 300.000 euros de fianza para el fiscal general del Estado después de que el propio Álvaro García Ortiz consignara como tal 150.000 euros con parte de su patrimonio, de cara al juicio al que se enfrenta por presunta revelación de secretos.
Así lo hace en un escrito, en el que desiste de su petición «dada la naturaleza de la garantía presentada por el acusado para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias por los daños procesales y extraprocesales», tanto personales como familiares, que dice haber sufrido González Amador, que alude a la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, el derecho de defensa, a la intimidad y a la protección de datos personales.
El movimiento de la pareja de Díaz Ayuso tiene lugar después de que García Ortiz aportara esa cantidad como fianza y de que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, corrigiera de oficio la cuantía impuesta, rebajándola desde los 150.000 euros hasta los 75.000, al percatarse de que había un error en la cantidad inicial.
González Amador pidió al instructor reconsiderar la fianza inicial para elevarla a los 300.000 euros, solo en concepto de indemnización por daños morales, aduciendo que no han cesado ni un día como consecuencia del «relato político» generado por el fiscal general.
La pareja de Díaz Ayuso esgrime que «no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024», cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los ‘emails’ entre su defensa y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, «en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso'».
García Ortiz abona su fianza en el caso con González Amador
Por su parte, García Ortiz consignó la fianza inicial de 150.000 euros, aportando parte de su patrimonio al no disponer de ese dinero en efectivo, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias.
El magistrado instructor del Supremo envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
