El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Martín Contreras, lanza una advertencia: el sistema con el que se mide la carga de trabajo de los jueces en España está basado en datos irreales y obsoletos, lo que está generando una imagen distorsionada de la situación de la Justicia y condiciona las decisiones sobre medios, refuerzos y número de magistrados necesarios.
“Estamos hablando de estadísticas que no son ni reales ni homogéneas”, declara a Confilegal. El problema, explica, arranca en la forma en la que se contabilizan los asuntos: un mismo caso puede abrir hasta cinco números de registro en distintos juzgados por denuncias, querellas o escritos de parte, aunque solo uno continúe con la causa.
“En Madrid he encontrado cinco números para un solo asunto; en Alicante la numeración en diferente. Y todos cuentan igual en las estadísticas”, apunta.
Esa duplicidad provoca que se midan como idénticas cargas de trabajo situaciones muy distintas. “No puede valorarse del mismo modo un asunto complejo en Madrid que genera varios movimientos procesales que un expediente sencillo en una capital de provincia. Sin embargo, a efectos estadísticos, ambos pesan lo mismo”, subraya.
A esta distorsión se suma otra: el sistema mide entradas de asuntos, no resoluciones judiciales. “Un juzgado puede recibir 3.000 asuntos, pero muchas de esas entradas se cierran con decretos dictados por los letrados de la Administración de Justicia, no por el juez. En la práctica, el magistrado habrá resuelto la mitad. Y, sin embargo, en productividad se le computa todo como si fuera suyo”, lamenta.
El vocal recuerda además que los módulos que sirven de referencia se aprobaron en 2010 y no han sido revisados. “Con esos datos se habla de la necesidad de más jueces o de que un juzgado está colapsado. Pero la base sobre la que se construyen esas conclusiones no responde a la realidad”, asegura.
Los ejemplos que cita rozan lo absurdo: “Según la estadística, un juez mercantil de Barcelona trabaja 37 horas al día. Es imposible. O que los jueces de lo Social de Madrid acumulan 48 horas semanales, cuando la ley marca 40. Esos números no se sostienen”.
Reclama un nuevo modelo de medición
Martín Contreras insiste en que es urgente elaborar un sistema nuevo, basado en datos fiables y contrastados. “Lo que tenemos ahora genera una imagen de colapso que, aunque existe, no siempre se corresponde con la realidad de cada órgano judicial”, advierte.
En su opinión, el punto de partida debería ser la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, cuyos informes aportan una visión más ajustada que las cifras que los juzgados trasladan de manera rutinaria.
“La estadística que se remite está dopada por la propia forma en la que se recogen los datos. Necesitamos mediciones objetivas, no meros números que multiplican expedientes ficticios”, defiende.
El vocal recuerda que la ratio de jueces por habitante, otro de los argumentos recurrentes en el debate público, también se utiliza de manera poco rigurosa.
“Se repite que en España tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de Europa. Pero si uno cruza los datos del Instituto Nacional de Estadística con los del CGPJ, la cifra no sale. Hace años hicimos un estudio y vimos que España está en la media europea: por debajo de Alemania o Austria, pero por encima de Francia o Italia. Sin embargo, como se repite constantemente, ha terminado instalándose como verdad”, denuncia.
Martín Contreras concluye que el colapso judicial existe, pero advierte contra el diagnóstico superficial: “No se trata solo de poner más jueces, sino de medir bien qué problemas tiene cada órgano y con qué intensidad. Sin datos reales no puede haber soluciones reales”.
