Con la mirada puesta en actuar rápido y adelantarse a los cambios venideros, Santiago Mediano Abogados anuncia el fichaje de los abogados Jesús Castellano Gallego y Javier González Blesa para su equipo de Procesal.
Este movimiento estratégico responde directamente al crecimiento de los conflictos de alta complejidad en los que la firma asesora a empresas de sectores tan dinámicos como el tecnológico, financiero, construcción, audiovisual o retail
Estos litigios se caracterizan por combinar un alto componente técnico con marcos normativos cada vez más exigentes, lo que demanda equipos jurídicos capaces de anticipar riesgos, coordinar estrategias en múltiples jurisdicciones y ofrecer soluciones efectivas en procedimientos de gran alcance.
Castellano Gallego deja atrás 20 años de trayectoria en ILP Abogados para prestar sus servicios en Santiago Mediano Abogados. Experto en litigación civil, mercantil y contencioso-administrativa, el letrado ha intervenido en litigios contractuales, societarios y financieros, y ha ejercido como administrador concursal en procedimientos de insolvencia.
Por su parte, González Blesa procede de la reconocida firma Castellarnau Penalistas. Es un especialista en derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica, propiedad intelectual y compliance. Su notable experiencia se refleja en la dirección de más de 1.500 procedimientos en tribunales de toda España, además de su colaboración en asuntos con dimensión europea.
Fichajes de garantías para la práctica procesal de Mediano Abogados
Según Santiago Mediano, presidente de la firma, esta doble incorporación refuerza la filosofía del despacho de fomentar el trabajo coordinado entre sus distintas áreas de especialización para ofrecer un enfoque transversal.
«La incorporación de Castellano y González Blesa refuerza esta dinámica y nos permite coordinar estrategias mixtas en litigios que combinan vertientes civiles, mercantiles y penales», afirma Mediano.
De este modo, el despacho pone a disposición del cliente un único equipo capaz de abordar de forma integral conflictos complejos, tales como disputas societarias con implicaciones penales, reclamaciones por defectos de construcción que pueden derivar en responsabilidades adicionales, o investigaciones internas vinculadas a programas de cumplimiento.
