El Ministerio de Sanidad ha intensificado su ofensiva legislativa en las últimas semanas. El último movimiento de la cartera que gestiona Mónica García ha sido solicitar la participación ciudadana para realizar las alegaciones que consideren sobre el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud, una iniciativa que busca reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para afrontar futuras crisis.
Este marco de regulación se suma al que desde el pasado 5 de septiembre se encuentra en audiencia pública, el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, que tiene como fin dotar de personalidad jurídica a estas asociaciones para que puedan participar dentro del sistema sanitario.
Otra legislación que coge carrerilla para que se tramite por vía parlamentaria es el Anteproyecto de la Ley Antitabaco, que ya cuenta con el visto bueno del Gobierno y que iniciará próximamente su andadura por las Cámaras.
Este texto modifica la Ley 28/2005, de medidas contra el tabaquismo, y se incluye medidas como la ampliación de espacios sin humos, la regulación de los productos relacionados con el tabaco y la prohibición de consumo de tabacos a menores (más allá de la venta o entrega).
Pasos importantes que aceleran la agenda del Ministerio, que está a la espera de que se vayan sucediendo todos los pasos requeridos para la obtención de su objetivo final: su definitiva publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Estatuto Marco, fuente de confrontación en Sanidad
Mientras todas estas medidas cogen buen ritmo, el personal sanitario y sus representantes sindicales salen a las calles protestando en contra del borrador del nuevo Estatuto Marco (EM). Este texto legal, que ya cuenta con un borrador presentado por Sanidad el pasado mes de junio, pretende modernizar el régimen laboral de los profesionales de la salud pública (médicos, enfermeras, celadores…) y las Administraciones sanitarias.
Sin embargo, desde la otra parte de la negociación denuncian que el Ministerio, bajo la dirección de Mónica García, ha dejado fuera medidas clave para mejorar las condiciones laborales, como el reconocimiento retributivo asociado al nuevo modelo de clasificación profesional, una reducción de jornada y el acceso a la jubilación voluntaria.
Por ello, desde el pasado 16 de septiembre el personal estatuario del SNS se moviliza en frente de sus centros de trabajo para exigir que el EM no se cierre unilateralmente. A estos llamamientos se le suma la amenaza de la próxima huelga de médicos a nivel nacional convocada por dos de los sindicatos de médicos de mayor peso, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, para el próximo 3 de octubre.
Ante estas constantes ‘amenazas’, la ministra de Sanidad ha comunicado este jueves 18 que quiere retomar el diálogo con los sindicatos llamados a la negación de dicha reforma, el Ámbito de Negociación (que aúna a todas las representaciones de las distintas profesionales integradas en el SNS), y así seguir abordando el nuevo EM antes de la celebración del Foro Marco del Diálogo Social.
En este espacio los encargados de la negociación junto con las comunidades autónomas podrán compartir las propuestas de todos los agentes que se sientan en la mesa de negociación. Próxima cita: el 23 de septiembre.
