El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha resuelto el primer proceso judicial en España en torno al derecho a la muerte digna. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que en julio de 2024 dio luz verde a la eutanasia solicitada por Noelia, una joven de 24 años afectada por una paraplejia y que sufre un sufrimiento psíquico constante.
Con esta sentencia, los magistrados Héctor García Morago, presidente, José Alberto Magariños Yáñez, ponente, y Judit Cerzócimo Torres, marcan un precedente al ratificar que la Ley Orgánica 3/2021 se aplicó correctamente en este caso: Noelia expresó de manera libre, informada y reiterada su voluntad de recibir la prestación, y los informes médicos acreditaron tanto su plena capacidad para decidir como la existencia de un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, sin expectativas de mejora con los tratamientos disponibles.
El proceso judicial se abrió a raíz de la oposición de su padre, que recurrió la resolución administrativa. Argumentó que el Estado tiene el deber de proteger la vida de las personas más vulnerables y sostuvo que los trastornos psiquiátricos de su hija —entre ellos un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo-compulsivo con ideación suicida— nublaban su juicio y le impedían tomar decisiones estables.
Añadió que sus dolencias podían mejorar con tratamiento, que el dolor era controlable con medicación y que la propia Noelia había llegado a redactar un escrito en el que mostraba dudas y pedía aplazar la decisión.
El TSJCat ha rechazado estos motivos al considerar que carecen de respaldo técnico y no desvirtúan la contundencia de los informes médicos y forenses, todos ellos coincidentes en avalar la capacidad de Noelia y la concurrencia de los requisitos legales.
José María Fernández, letrado de la Fundación Abogados Cristianos, que defiende la posición del padre de Noelia, la joven cuya muerte asistida fue paralizada in extremis hace un año, ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que valida su eutanasia.
El fallo, sin condena en costas, convierte este caso en un hito jurídico en España: por primera vez, un tribunal ha tenido que pronunciarse sobre el alcance del derecho a la muerte digna frente a la oposición de un familiar directo.
Contexto legal
La Ley Orgánica 3/2021, en vigor desde junio de 2021, regula la eutanasia como una prestación incluida en el sistema nacional de salud. Establece que solo puede accederse a ella cuando el paciente la solicita de forma libre, consciente e informada, y siempre que sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin posibilidad de alivio o mejora apreciable.
La autorización debe ser evaluada y verificada por la Comisión de Garantía y Evaluación de cada comunidad autónoma, lo que convierte su procedimiento en uno de los más garantistas de Europa.
