Los fallos en el control de las pulseras telemáticas a condenados por violencia de género ha provocado una ola de indignación y preocupación entre las víctimas y la ciudadanía general. Una situación ante la que el Gobierno de España «mantiene la calma», pero ante la que muchos lamentan la vulnerabilidad de las víctimas. Y, a su vez, la posibilidad de que este fallo técnico pueda convertirse en un mecanismo a favor del reo.
4.500 son las pulseras telemáticas que se mantienen activas en el sistema Cometa, con una cobertura que supera las 8.000 personas, entre víctimas y agresores, las 24 horas del día.
Un sistema de protección que, sin embargo, fallaba, dejando en una situación delicada a las víctimas de violencia de género durante meses. Algo que quedaba registrado en el informe de Memoria 2024 de la fiscalía, en el que se estipula que hubo «múltiples fallos» en estos dispositivos.
Situación ante la que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguraba que estas informaciones son «una amalgama de bulos y mentiras», y que «no hay mujeres que se hayan dejado de proteger con la pulsera».
«Estamos salvando vidas. Hay que recordar una cosa fundamental: ninguna mujer ha sido asesinada con este dispositivo», destacaba la ministra, haciendo un llamamiento a la tranquilidad, a pesar de las informaciones que han salido a la luz respecto a estas pulseras telemáticas.
Algo que no es tan sencillo. Y es que, a la inseguridad de las víctimas, se suma también el posible «beneficio» para los maltratadores ante este fallo técnico.
El riesgo de las pulseras telemáticas
«Además de haberse puesto en peligro su integridad física, este fallo supone que no se van a poder perseguir los delitos de quebrantamiento de medidas«, expone, en primer lugar, la abogada experta en violencia de Género, Helena Echeverri Anar.
Una situación en la que, ante un fallo de estas pulseras telemáticas, el agresor puede atacar a su víctima, ya que ésta se encuentra indefensa. Especialmente, debido a que «hay unas 4.500 víctimas con pulsera, y no hay efectivos de policía suficientes para asegurar 24 horas su protección».
Ello, además, pudiendo «evitar» las consecuencias de hacerlo.
Y es que, en caso de llevar esta posible vulneración de las medidas de protección ante los tribunales, la defensa del condenado podría alegar vulneración de los derechos del hombre controlado por la pulsera, tal y como explica la letrada a Confilegal.
«No sólo lo argumentará la defensa», añade. «También lo decidirán así los jueces, cuando les conste que no ha funcionado». Ello, por el «principio del ‘in dubio pro reo’ y del derecho a la presunción de inocencia».
Caso de fallos técnicos de las pulseras de protección de las víctimas de violencia de género ante los que Echeverri tiene clara cuál es la responsabilidad de la Administración pública.
«El Estado es el responsable, ya que es él quien debe suministrarla. Y me consta que el sistema no funcionaba desde hace meses», critica. Una situación ante la que las víctimas pueden «exigir una indemnización a la Administración».
Una indemnización que podría ser el último recurso ante una indefensión de las víctimas por un «fallo técnico» que, por suerte en esta ocasión, no ha llevado a lamentar víctimas mortales.
