El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado dividir las pesquisas para abrir una línea de investigación específica sobre la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, manteniendo por otro lado las indagaciones relativas a las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario en plena pandemia.
El magistrado ha abierto una pieza separada para investigar los presuntos amaños de obra pública donde mantendrá como imputados al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García, al presunto conseguidor Víctor de Aldama y a los empresarios de la construcción José Ruz, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y Joseba Antxon Alonso.
Sobre las obras, precisa que «es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de Acciona Construcción, en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán –en las que nada habría tenido que ver (…) De Aldama–; de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de De Aldama, Ábalos y García –y en las que nada habría tenido que ver (…) Cerdán–«.
El instructor divide la causa porque, según explica, la parte relativa a la obra pública se encuentra en una fase «todavía muy incipiente», mientras que el resto de las pesquisas están muy avanzadas, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte principal.
En la parte principal encuadra todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública, como son la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a De Aldama, de contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia de coronavirus y mantiene como imputados a De Aldama, Ábalos y Koldo.
Dos grandes grupos de «conductas» en el caso Koldo
Detalla que incluiría lo referido a que Koldo, con el conocimiento y la aquiescencia de Ábalos, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses favorecía el presunto conseguidor de la trama pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio Ministerio de Transportes.
En concreto, habla de «la publicación de la nota de prensa, avalando la próxima financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que De Aldama sostuvo con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, reunión que tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del señor De Aldama».
Puente indica también que en este primer grupo de hechos aparentemente delictivos se incluirían «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, siendo, además, que, por lo que respecta a la primera de ellas, vino percibiendo los correspondientes salarios sin desempeñar ocupación efectiva alguna».
El juez expone que «el objeto de la presente causa especial ha llegado a un estado en el que (…) es posible identificar hasta dos grandes grupos de conductas eventualmente constitutivas de sendos ilícitos penales» y que «estos grupos se definen por su relación o desconexión con el ámbito de las indebidas adjudicaciones de obra pública en el marco del Ministerio de Transportes durante el período de tiempo en el cual Ábalos ejerció como titular del mismo».
