La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya función principal es la de promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados españoles en interés de los consumidores y las empresas, se reunió con Miguel Ángel Domínguez, CEO de la tecnológica Add4u, para conocer los detalles de la denuncia pública que realizó a través de Confilegal en la que identificó a Espúblico Gestiona como el epicentro de una supuesta red de licitaciones públicas diseñadas a medida.
La reunión telemática tuvo lugar a petición de la CNMC el pasado 12 de septiembre, entre las 11 y las 12 de la mañana, a través de la aplicación Microsoft Teams.
Por parte de la CNMC, preguntaron y escucharon Julia García-Royo Díaz, vocal asesora del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, y los subdirectores Juan Manuel Contreras Delgado de Cos y Enrique Ruiz de Villa Saiz.
El primero ocupa la Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos y el segundo la de Análisis Económico del Departamento de Promoción de la Competencia.
Domínguez les mostró a través de la sofisticada aplicación informática que ha desarrollado, cómo, tras analizar más de 4,2 millones de documentos de licitaciones públicas en red había identificado una práctica supuestamente llevada a cabo por esPublico Gestiona.
Por medio de la misma, esta compañía “está aplicando una estrategia sistemática de restricción de la competencia y aprovechamiento de debilidades estructurales en los procedimientos de contratación de los ayuntamientos”, explicó el CEO de Add4u.
Espúblico Gestiona está especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la Administración Pública, de forma especial en el ámbito local. Su enfoque principal se centra en proporcionar plataformas integradas de gestión documental y automatización de flujos de trabajo que permiten a las entidades públicas operar en cumplimiento con las leyes de gobierno electrónico en España.
La compañía se dedica al desarrollo de software y consultoría informática para el sector público, con un enfoque en la automatización y robotización de expedientes administrativos.
PATRONES DE COINCIDENCIA EN PLIEGOS PUBLICADOS
A través del análisis realizado, Domínguez explicó a los tres altos cargos de la CNMC cómo había identificado patrones de coincidencia textual entre pliegos publicados y documentos supuestamente redactados por empleados de esPublico Gestiona.
“Los funcionarios no tienen capacidad de redactar un pliego técnico y aceptan el documento que les facilita esPublico, en muchos de los cuales no han eliminado sus metadatos. Los documentos se suben para licitación tal cual. Lo que supone una restricción de la competencia de libro de la que se beneficia esPúblico Gestiona”, les expliqué a los tres altos cargos de la CNMC.
Y añade: “Les mostré cómo los textos se repiten de forma literal en miles de concursos. Son los mismos pliegos copiados y pegados una y otra vez en los portales de los diferentes ayuntamientos. Y siempre hay una empresa favorecida, la misma: esPublico Gestiona. En los metadatos de los pliegos aparecen, como autores, los empleados de esta empresa”, cuenta Domínguez.
Para el CEO de Add4u, esto es una “agresión directa al corazón de la competencia”. En su opinión, estas prácticas han sido fáciles de implementar en ayuntamientos pequeños y medianos debido a la falta de recursos técnicos y a la falta de conocimientos de los funcionarios.
Entre sus hallazgos, destaca la evolución del número medio de licitadores en los concursos adjudicados a esPublico Gestiona: de 1,50 en 2015 y 2,14 en 2016 a 1,09 en 2024 y 1,13 a mediados de 2025, frente a una media nacional de 3,23.
“Es imposible que esa caída no sea intencionada. Lo que están haciendo es redactar pliegos a medida para que sólo puedan presentarse ellos”, relató.
UN ASCENSO «FULGURANTE»
El ascenso de esPublico Gestiona ha sido poco menos que «fulgurante». De 132.198,34 euros de facturación en 2015 a 45.332.571,45 euros en 2024 (lo que supone una multiplicación por 342,76 veces en esos nueve años). En lo que va de este año, lo adjudicado a esta empresa se eleva ya a 27.627.309,62 euros.
Y la proyección para diciembre de 2025 posiblemente llegue hasta los 50 millones de euros.
Los tres altos cargos de la CNMC, tras una hora intensa de reunión, cuenta Domínguez, “opinaron que el caso, a la vista de lo expuesto, sobrepasaba las infracciones administrativas, sobre las que la CNMC es competente, y que su investigación podía tener naturaleza penal”.
El encuentro telemático terminó con el compromiso de seguir en contacto.
Se desconoce si los tres funcionarios de la CNMC van a dar algún paso en este respecto. Según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante el Ministerio Fiscal, u otras autoridades competentes, cualquier noticia de presunto delito público del que tengan conocimiento.
BRUSELAS ALERTÓ DEL “ALTO RIESGO DE CORRUPCIÓN” EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS ESPAÑOLES
El pasado mes de julio, la Unión Europea manifestó su preocupación creciente por la corrupción en la contratación pública en España.
En los informes más recientes de 2025, Bruselas alerta sobre el “alto riesgo de corrupción” en los contratos públicos, especialmente en sectores como infraestructuras, financiación de partidos y servicios públicos, reprochando la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción efectiva y la falta de reformas estructurales suficientes.
La advertencia no es nueva, pero sí cada vez más preocupante. Casi la mitad de las empresas españolas (40%) sostiene que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos tres años.
Así lo refleja el Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción, un informe europeo que dibuja un panorama sombrío: la cifra casi duplica la del año anterior y supera con creces la media comunitaria, fijada en el 25%.
Bruselas centra su atención en un indicador sensible: el número de concursos públicos en los que solo concurre un candidato. Este escenario, propicio a sospechas de amaño, alcanza en España el 33%, frente al 29% registrado en el conjunto de la Unión Europea.
La Comisión Europea precisa que las quejas más frecuentes en materia de contratación pública tienen un patrón claro: primero, irregularidades en la adjudicación; después, prácticas corruptas; seguidas de problemas en la ejecución de los contratos y, finalmente, controversias vinculadas a la subcontratación.
