Taxis parados en el Paseo de la Castellana, durante una marcha de taxis en el Paseo de la Castellana, a 28 de mayo de 2025, en Madrid. Foto: EP
La CNMC archiva dos denuncias de Antaxi contra Cabify por los 15 minutos de antelación
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02/6/2025 05:35
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Actualizado: 01/6/2025 18:23
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar dos denuncias interpuestas por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) contra la empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC) Cabify, por un supuesto incumplimiento del tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos exigido en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
En el acuerdo de no incoación aprobado por el consejo de la Sala de Competencia el pasado 14 de mayo, el organismo concluye que no existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento sancionador contra la plataforma.
Antaxi sostenía que Cabify infringía la normativa autonómica que regula el plazo obligatorio entre la solicitud del servicio y su prestación efectiva.
Sin embargo, tras analizar los datos del periodo comprendido entre 2018 y 2019, la CNMC no ha encontrado evidencias concluyentes de que tal infracción se hubiera producido ni de que hubiera reportado un beneficio significativo a la compañía.
Sin ventaja competitiva acreditada
En el caso concreto de Cataluña, la Comisión descarta que el eventual incumplimiento haya supuesto una ventaja económica relevante para Cabify.
Según el informe, el aumento de ingresos por kilómetro en 2019 frente a 2018 puede atribuirse a factores legítimos como la implementación de un sistema de precios flexibles —en contraposición a las tarifas reguladas del taxi—, un incremento general de la demanda y una convergencia progresiva de precios entre operadores.
Respecto a la Comunidad Valenciana, la CNMC subraya que los precios por kilómetro de Cabify se situaron por debajo de los de Uber, y que su cuota de mercado fue menor que la que obtuvo este segundo operador antes de su retirada temporal del mercado, motivada precisamente por la entrada en vigor del plazo mínimo de precontratación.
Además, el regulador destaca que los ingresos del sector del taxi aumentaron de forma significativa en 2019, lo que evidencia que, incluso de haberse producido un incumplimiento puntual, no habría tenido un efecto negativo directo sobre la actividad de los taxistas.
Contexto de creciente tensión
Esta resolución llega en un momento especialmente sensible, con el conflicto entre el sector del taxi y las VTC reactivado por el anuncio de que Cabify incorporará próximamente 8.500 nuevas licencias en la Comunidad de Madrid.
Se trata de autorizaciones solicitadas en 2018 que fueron inicialmente denegadas, pero cuya concesión ha sido avalada por varias sentencias judiciales.
La inminente entrada en vigor de estas licencias podría hacer que el número de VTC en Madrid supere al de taxis, lo que ha llevado a Antaxi y otras organizaciones del sector a movilizarse a nivel nacional en defensa de sus intereses, denunciando una supuesta liberalización encubierta del transporte urbano de viajeros.
La CNMC, por su parte, mantiene su postura favorable a la liberalización del sector y ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por regulaciones que, a su juicio, limitan innecesariamente la competencia y los beneficios que esta puede aportar a los consumidores.
Un nuevo capítulo en una batalla regulatoria de largo recorrido
El archivo de estas denuncias por parte de la CNMC no cierra, ni mucho menos, el prolongado conflicto entre el taxi y las plataformas de VTC, que continúa desarrollándose en los tribunales, las calles y los despachos políticos.
Con las comunidades autónomas como principales competentes en la materia desde la entrada en vigor del llamado «Decreto Ábalos» en 2018, la regulación de estos servicios se ha convertido en un campo de batalla jurídico y político donde aún queda mucho por resolver.
Cabify, por su parte, defiende su legalidad operativa y su contribución a la movilidad urbana, mientras que los representantes del taxi insisten en que la expansión de estas plataformas pone en riesgo la sostenibilidad del sector y favorece una desregulación encubierta.
La decisión de la CNMC, aunque limitada al análisis de dos denuncias concretas, reafirma la complejidad técnica y económica del debate sobre la convivencia entre modelos tradicionales y nuevos operadores en el ámbito del transporte urbano.
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