La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado una queja formal ante la Inspección Fiscal por la designación del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuyo juicio comenzará el próximo 3 de noviembre.
En su escrito, la APIF sostiene que la designación de dicho fiscal no respeta las normas estatutarias ni el principio de transparencia en la actuación del Ministerio Fiscal.
Según esta asociación, el nombramiento se habría realizado al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1981, que establece que solo el Fiscal General del Estado puede designar a un miembro del Ministerio Fiscal para intervenir en un asunto determinado, previa audiencia del Consejo Fiscal.
La asociación señala que no consta que el nombramiento haya sido realizado por el propio fiscal general ni que el Consejo Fiscal haya participado en el proceso. Además, cuestiona por qué no se ha designado a un fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo, que sería, a su juicio, lo más procedente.
Francisco Javier Montero Juanes fue propuesto en mayo de 2021 al Gobierno como fiscal superior de Extremadura por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En la votación previa del Consejo Fiscal, Montero Juanes obtuvo el apoyo de los 4 consejeros por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que fue portavoz Álvaro García Ortiz, y los dos consejeros natos.
Los cinco consejeros de la Asociación de Fiscales votaron en contra.
Montero Juanes ingresó en el Cuerpo de Fiscales de Distrito en 1981 y en la carrera fiscal en 1982. Ha estado destinado en las Fiscalías de Badajoz, Coria y, desde 1984, en Cáceres.
En 1998 fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y en 2007 se ratificó su nombramiento como teniente fiscal de la recién creada Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cargo que desempeñó hasta mayo de 2021, fecha en la que accedió al puesto de Fiscal Superior de Extremadura.
Especialista en Derecho Civil y Contencioso-Administrativo, ha ejercido diversas funciones dentro del Ministerio Fiscal, como fiscal de Vigilancia Penitenciaria, fiscal de Siniestralidad Laboral, fiscal de Derecho de Familia, fiscal encargado de Registro Civil, fiscal delegado de Seguridad Vial, fiscal SIMF en la Fiscalía de la Comunidad, fiscal delegado de Protección de Datos en la Fiscalía de la Comunidad y Mediador contra el acoso en la provincia de Cáceres.
Además, desarrolla una activa labor docente como profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Extremadura (UEX) y profesor de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
Por otro lado, la APIF critica que el requerimiento del magistrado Instructor del Tribunal Supremo a la Inspección Fiscal —sobre la posible suspensión del fiscal general del Estado— haya sido atendido por el teniente de la Inspección y no por la fiscal inspectora, pese a que el requerimiento provenía del Alto Tribunal.
El escrito concluye solicitando que la Inspección Fiscal tramite y resuelva la queja “en derecho” conforme a las irregularidades denunciadas.
El documento, firmado por la ejecutiva de la APIF, fue presentado ayer, 7 de octubre..
