El productor musical Nacho Cano ha anunciado la presentación de una querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la jueza que investigó las presuntas irregularidades relacionadas con su espectáculo Malinche, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivara la causa por falta de competencia. Ello, al argumentar el TSJM en un auto que la magistrada ha perdido su condición de aforada tras su jubilación forzosa.
Ante esta resolución, Cano presentará de inmediato la querella en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, para su reparto al Juzgado de Instrucción que corresponda por turno.
“Respetamos el criterio del Tribunal Superior, que se limita a declarar su falta de competencia. Ahora daremos el siguiente paso natural. Registrar la querella en Plaza de Castilla para que un Juzgado de Instrucción entre a valorar los hechos”, ha señalado el equipo jurídico de Nacho Cano.
La decisión del TSJM se apoya en la pérdida de la condición de magistrada de la querellada y en la doctrina consolidada que descarta el aforamiento una vez cesado el cargo. Conforme a la ley, la acción penal deberá continuar ante el juez ordinario predeterminado por la ley.
La defensa de Nacho Cano observa “premisas erróneas”
En la querella, la defensa de Cano sostiene que el atestado policial que dio origen a la causa se basó en premisas erróneas. Entre ellas, “la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales”.
Según los letrados, “a partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de mi representado”.
La defensa también ha puesto de relieve la existencia de 17 denuncias por coacciones, amenazas y falsificación de documento público (atestado) relacionadas con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. A su juicio, las “irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan un grave delito contra la Administración de Justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente”.
No obstante, la jueza rechazó las inhibiciones formuladas por los distintos juzgados en los que recayeron estas denuncias.
Por último, la defensa de Cano denuncia que se ha encontrado con “serias dificultades para ejercer el derecho de defensa” reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Ello, alegando que se le ha denegado de forma constante la práctica de diligencias de prueba que considera “necesarias, útiles y pertinentes”. Y, del mismo modo, subrayando que “la parcialidad de la juez, aquí querellada, es notoria”.
