Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi lleva más de treinta años ejerciendo la abogacía con un valor claro como eje: la honestidad. Socia directora de la firma Palacio y Asociados, Abogados, presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicepresidenta de CIAM-CIAR, su trayectoria combina la técnica jurídica con una profunda vocación ética y humanista.
Ha sido pieza clave en la modernización del arbitraje en España y en su proyección hacia Iberoamérica. En esta entrevista, De Palacio comparte su visión sobre la ética profesional, los desafíos del arbitraje, la transparencia en el derecho disciplinario y el papel crucial de los abogados y jueces en la defensa del Estado de derecho.
Como socia directora de Palacio y Asociados Abogados Si tuvieras que elegir un valor que defina tu identidad, ¿cuál sería?
La honestidad. Es mi eje central. Sin embargo, a lo largo de mis más de 30 años de ejercicio como abogado, he podido comprobar que nuestro colectivo —especialmente en España— es muy diverso: hay profesionales de todo tipo.
En este tiempo he visto de cerca muchos casos, incluyendo algunos en los que compañeros han sido sancionados por incumplir las normas deontológicas, es decir, las reglas éticas que regulan nuestra profesión.
Como miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y vocal del Consejo Autonómico de Colegios de Madrid —cargo que desempeño ya en mi cuarto mandato—, he tenido la oportunidad de revisar numerosos expedientes disciplinarios.
Y en muchos de ellos se aprecia una falta de algo esencial: la honestidad y el respeto a los principios éticos que deben guiar el trabajo de cualquier abogado. Porque, al final, ejercer con integridad no es solo una obligación profesional, sino la base misma de nuestra credibilidad.
Hace poco entrevisté a Carlos Hugo Preciado, vocal del CGPJ, y le pregunté si las sanciones a los jueces, una vez que son firmes, deberían hacerse públicas. Me reconoció que es un tema incómodo, pero añadió que, dado que los jueces son funcionarios públicos, lo lógico es que sí se conozcan. Esa reflexión me lleva a la cuestión:¿No debería también existir también transparencia en este ámbito en lo que respecta a los abogados?
Cuando un abogado es sancionado con la suspensión de su ejercicio profesional, sus clientes deberían saberlo, ya que, en teoría, el abogado debe dejar de trabajar durante ese periodo. En la práctica, puede que algunos lo disimulen diciendo que están de vacaciones, lo que complica la situación.
Publicar una lista con los abogados sancionados o con antecedentes disciplinarios quizá merecería al menos una reflexión. Lo cierto es que, tras mi experiencia en órganos donde se revisan casos deontológicos —es decir, asuntos relacionados con la ética profesional—, he comprobado que algunos profesionales reinciden con frecuencia. Y cuando esto ocurre, quizá sería razonable buscar alguna forma de informar a la ciudadanía para protegerla.
«El arbitraje me parece un medio muy adecuado, especialmente para resolver conflictos empresariales. A diferencia de la vía judicial tradicional —que, por desgracia, atraviesa un momento complicado—, el arbitraje ofrece una resolución más rápida y eficaz».
¿Por qué te hiciste abogada?
Siempre me pareció que ser abogado es una profesión que contribuye directamente a la Administración de Justicia, en el sentido más amplio y noble del término. Además, la veía como una oportunidad privilegiada para poder ayudar a las personas.
¿Y por qué te especializaste, de forma especial, en el arbitraje y la mediación?, aunque ya sé que eres una respetada profesional en derecho civil y mercantil y en derecho europeo y derecho internacional.
Después de muchos años de ejercicio profesional, he pasado por casi todo. Aunque hoy dedico gran parte de mi trabajo al arbitraje, no siempre fue así. Mi primer caso como abogado en un arbitraje fue en 1993, y no actué como árbitro hasta 2003. Aun así, sigo compaginando el arbitraje con otras áreas del Derecho.
El arbitraje me parece un medio muy adecuado, especialmente para resolver conflictos empresariales. A diferencia de la vía judicial tradicional —que, por desgracia, atraviesa un momento complicado—, el arbitraje ofrece una resolución más rápida y eficaz.
Por ejemplo, en la Corte de Arbitraje de Madrid, la duración media de un procedimiento no llega a un año desde que se presenta la solicitud. Esto permite a las empresas cerrar sus disputas en plazos razonables, sin tener que arrastrar el conflicto durante años.
En cambio, en la jurisdicción ordinaria hay juicios que se señalan para dentro de tres años, y la sentencia puede tardar aún más. Para muchas empresas, esa espera equivale prácticamente a la ruina. Además, los propios jueces reconocen que el tiempo real que pueden dedicar a cada caso ronda apenas las tres horas, lo cual es claramente insuficiente.
En asuntos complejos —como proyectos fotovoltaicos, litigios de construcción, gestión hotelera o contratos de suministro—, tres horas no bastan ni para entender bien el problema. Por eso, el arbitraje se presenta hoy como una alternativa mucho más eficaz y realista.
¿Qué opinas de la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos?
Esta medida, en mi opinión, no resuelve los problemas del sistema judicial, sino que los evita sacando ciertos asuntos del proceso ordinario.
Antes, bastaba con preguntar formalmente si las partes habían intentado llegar a un acuerdo —y casi siempre se respondía que no— para seguir adelante con el juicio. Ahora, en cambio, se obliga a recurrir a la mediación, un método que solo funciona si ambas partes participan voluntariamente. Si se impone por ley, pierde su esencia. De hecho, Italia ya probó algo similar hace años, y no funcionó. Podríamos haber aprendido de su experiencia.
El resultado actual es confusión. Recientemente, los juzgados de Madrid han acordado una forma común de aplicar esta nueva regla, porque antes cada uno la interpretaba a su manera. Pero fuera de Madrid, sigue sin haber una guía clara. Así que los abogados no sabemos con certeza qué hacer: lo que presentamos en un tribunal puede ser válido en otro y rechazado en otro.
En lugar de agilizar los trámites, esta medida está causando más retrasos e incertidumbre. Lo que se vendió como una solución se ha convertido, en la práctica, en un nuevo obstáculo.
¿Cuándo, en qué momento, tuviste esa epifanía en la que descubriste el gran valor del arbitraje?
Como te comentaba, mi primer arbitraje como abogada fue en 1993, en un caso de franquicia ante la Corte de Arbitraje de Madrid. Tuve la suerte de contar con un tribunal formado por árbitros muy experimentados, y eso me permitió comprobar lo eficaz que podía ser este sistema. A partir de ahí, me interesé por estudiarlo más a fondo.
En paralelo, seguía llevando casos en la jurisdicción ordinaria, donde las condiciones eran muy distintas. Recuerdo que en un juicio de los antiguos de “mayor cuantía” me dieron solo cinco minutos para presentar las conclusiones.
En ese tiempo era imposible explicar un caso complejo, así que no quedaba otra que destacar un par de puntos clave y confiar en que el juez leyera bien el expediente. Esa comparación me hizo valorar aún más la agilidad y profundidad del arbitraje.
«No diría que la justicia sea una ‘tómbola’, porque los jueces me merecen el mayor respeto. Hacen una labor esencial, pero carecen de los medios necesarios para desarrollarla bien. En general, los jueces con los que me he encontrado han sido buenos profesionales, aunque muchas veces se ven desbordados».
¿No te ha asaltado alguna vez la idea de que esto de la justicia es, en ocasiones, una tombola?
No diría que la justicia sea una “tómbola”, porque los jueces me merecen el mayor respeto. Hacen una labor esencial, pero carecen de los medios necesarios para desarrollarla bien. En general, los jueces con los que me he encontrado han sido buenos profesionales, aunque muchas veces se ven desbordados.
En asuntos sencillos, como las ejecuciones clásicas —que se limitan a comprobar unos pocos requisitos básicos—, pueden gestionarse con rapidez. Pero cuando el caso es complejo, el problema es el mismo: no hay recursos suficientes ni tiempo para estudiarlo a fondo. Además, la especialización dentro de la justicia sigue siendo demasiado generalista. Y hoy los conflictos son mucho más complicados que hace décadas.
Cuando empecé, trabajar en Derecho era otro mundo. Yo estudiaba y trabajaba a la vez, y buscar jurisprudencia —las sentencias anteriores que sirven de referencia— podía llevarte días enteros revisando manualmente los índices de Aranzadi.
Los escritos eran más breves, y el número de casos que llevábamos, menor. Tampoco existía el volumen de comunicaciones actual: solo teléfono, fax y reuniones presenciales. Si no se levantaba acta o el papel térmico del fax se borraba, la información se perdía.
Hoy todo es más complejo: hay más documentos, más medios de comunicación y, por tanto, más pruebas que analizar. Sin embargo, los jueces afrontan muchos más casos que antes y con una carga de trabajo infinitamente mayor.
Al final, ¿quién les puede reprochar nada a los jueces? Porque si no es lo de ponte tú a ver si eres capaz de hacer otra cosa.
Fuiste presidenta de la Unión Internacional de Abogados entre 2022 y 2023. ¿Qué conclusiones sacaste de esa experiencia?
Fue una experiencia fascinante. La posibilidad de tener contacto directo con abogados de todo el mundo es algo único. La UIA reúne miembros de más de 110 países, y aunque no conozco a todos, sí he tenido la oportunidad de tratar con muchos gracias a los años que llevo participando en la organización.
Ser presidenta me obligó, además, a viajar con frecuencia, visitar distintos países, reunirme con colegios y asociaciones de abogados —o con sus equivalentes donde no existen—, y conversar con ministros de Justicia. Eso me permitió conocer de cerca la realidad jurídica y profesional en muchos lugares.
Y, personalmente, fue aún más enriquecedor porque me encanta tratar con personas, escuchar sus experiencias y entender sus contextos.
Es evidente que no perteneces a la Generación Zeta, que prefieren la comunicación a través de las aplicaciones.
[Se ríe]No, en absoluto.Poder viajar, conocer realidades distintas, escuchar de primera mano las experiencias de otros y participar en iniciativas que, en algunos casos, generaron debate, ha sido una oportunidad única. En conjunto, ha sido una experiencia verdaderamente valiosa e inolvidable.
Supongo que hiciste comparaciones, con respeto a España, ¿no?
Al final, es cierto eso de que “en todas partes cuecen habas”. En muchos países se viven situaciones muy preocupantes. En México, por ejemplo, los jueces ya se eligen por voto popular, pero incluso antes de eso el gobierno trataba de influir en las decisiones de los tribunales, especialmente en la Corte Suprema, reduciendo su financiación para presionarles. Lo mismo ocurría en algunos estados del país. Tuve la oportunidad de reunirme con colegas allí y escuchar cómo pedían apoyo a la comunidad internacional ante esa situación.
En Túnez, muchos jueces fueron suspendidos por dictar sentencias que el gobierno no consideraba adecuadas, y los abogados que los defendieron acabaron siendo perseguidos e incluso acusados penalmente por ejercer su labor. En Turquía, algo similar: se ha llegado a confundir a los abogados con sus propios clientes, juzgándolos por terrorismo cuando defendían casos relacionados con ese ámbito. Y en Honduras, la violencia es extrema: cada año asesinan a numerosos abogados por motivos profesionales.
Cuando ves todo eso, te das cuenta de que, comparativamente, en España no estamos tan mal. Pero también debemos ser conscientes de nuestros propios problemas. La larga parálisis del Consejo General del Poder Judicial, sin renovación de sus vocales, fue visto como un problema que afecta a la calidad del Estado de Derecho en España. Y, por desgracia, después han surgido otras cuestiones que también han generado inquietud a nivel internacional.
Los jueces y los abogados son el gran pilar sobre el que se sustenta el Estado de Derecho. Seamos realistas, sin jueces independientes y sin abogados la democracia deja de serlo y se convierte en una dictadura.
Así es. Lamentablemente, el Estado de derecho —es decir, el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales— está en horas bajas. Era algo que dábamos por sentado. Que estaba garantizado y que no teníamos ni que defenderlo. Era algo consolidado. Pero no lo es. Si no se protege y se defiende, se deteriora y puede perderse.
«Estados Unidos, que tradicionalmente ha liderado el mundo libre, está renunciando en parte a ese papel. Todo esto obliga a reflexionar sobre la necesidad de proteger activamente nuestros principios democráticos. Y a Europa la tenemos un poco tocada».
Otro ejemplo de la crisis del Estado de Derecho es la propia Naciones Unidas, puesta en tela de juicio en estos momentos. Parece ser el fin de una era y el comienzo de otra que no sabemos cómo va a ser.
Vivimos en un mundo muy distinto al de hace unos años, y no reconocerlo no nos protege de ese cambio. Lo importante es saber qué valores esenciales debemos defender, y uno de ellos, sin duda, es el Estado de derecho.
En Europa lo damos por algo universal, pero no lo es. En países como China, por ejemplo, ni comparten nuestros valores ni consideran necesario un Estado de derecho como el que entendemos en Occidente.
Y China, además, está ganando cada vez más influencia global. Por otro lado, Estados Unidos, que tradicionalmente ha liderado el mundo libre, está renunciando en parte a ese papel. Todo esto obliga a reflexionar sobre la necesidad de proteger activamente nuestros principios democráticos. Y a Europa la tenemos un poco tocada.
Yo quisiera pasar al tema de CIAM-CIAR. Tú eres la vicepresidenta. Habéis creado un «hub» de arbitraje internacional. ¿Tú crees que es la respuesta solvente del mundo latinoamericano a la competencia anglosajona?
En gran parte, sí. Esa sería la respuesta corta. Pero vale la pena explicarlo un poco más.
Hace más de veinte años, cuando formaba parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, ya se hablaba de crear un centro internacional de arbitraje en España, especialmente en Madrid, donde se concentra la mayoría de los casos. Era una idea que aparecía y desaparecía: avanzaba por momentos, pero siempre terminaba estancándose.
En 2018 el proyecto volvió a retomarse, esta vez con más éxito. Hubo coincidencia de intereses y mucha generosidad entre las instituciones implicadas. Todas entendieron que lo importante era sacar adelante el proyecto, no disputarse el protagonismo. En el pasado, precisamente esa falta de acuerdo sobre quién debía liderarlo había sido el principal obstáculo.
Finalmente, en 2019 se alcanzó un consenso y se consiguió dar al arbitraje español una imagen unificada y reconocible a nivel internacional. Hasta entonces, cuando en los contratos internacionales se proponía incluir a España como sede de arbitraje, surgían dudas: existían varias cortes —la de los Abogados del Estado, la Corte Española de la Cámara de Comercio de España y la Corte de Arbitraje de Madrid—, y no quedaba claro cuál debía elegirse.
¿Esa fue la razón del nacimiento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM?
Así es, CIAM nació precisamente para llenar ese vacío y ofrecer una referencia única, sólida y visible en el ámbito internacional, similar a lo que representan instituciones como la CCI de París.
Desde su creación, el CIAM ha tenido una clara vocación de colaboración con Latinoamérica. España comparte con la región lazos históricos, culturales y jurídicos, y su ubicación permite actuar como puente entre Latinoamérica, Europa, África e incluso Asia, favoreciendo el comercio y la inversión entre regiones.
Cuando un contrato debe cumplirse en Asia, puede tener sentido elegir una sede allí, sobre todo en países que aplican el sistema de derecho civil, como muchos de América Latina y Europa. En cambio, si el contrato se ejecuta en Latinoamérica, España puede funcionar perfectamente como foro neutral.
Uno de los grandes logros del centro ha sido transmitir esta visión en América Latina, despertando interés y generando integración. Lo que empezó como un proyecto iberoamericano, con España como impulsora, hoy tiene una auténtica identidad latinoamericana.
En 2024 se consolidó esta expansión con la incorporación de la región, una iniciativa que había comenzado años antes bajo el impulso de Luis Martí Mingarro. Aunque al principio el centro contaba con reconocimiento, no tenía aún casos activos. Pero eso cambió: se crearon dos subsedes, una en Brasil y otra en Costa Rica.
Y en 2025 se sumó Chile, con una sede en Santiago y una de las cortes más sólidas y experimentadas de la región. Con ello, el CIAM dejó de ser solo un proyecto español para convertirse en un verdadero centro iberoamericano, con presencia y actividad real en varios países.
José María Alonso, presidente de CIAM-CIAR, me contaba que está realizando casi una labor “misionera”: viaja por distintos países promoviendo que las empresas incluyan a nuestro centro como sede de arbitraje en sus contratos. Aún estamos en una fase inicial, sentando las bases para que, en el futuro, podamos competir con grandes referentes internacionales como Londres, Miami, París, Hong Kong o Singapur.
Lo que necesitábamos era tener una cara reconocible. Afortunadamente, ya empiezan a firmarse contratos que incluyen directamente la cláusula de arbitraje con nuestro centro, e incluso algunos casos han llegado a plantear un arbitraje real. Varias empresas nos han contactado para incorporar esta cláusula en sus acuerdos, lo que demuestra que nuestra institución empieza a ser reconocida y genera confianza en el mercado.
En el ámbito del arbitraje, sabemos por experiencia —por ejemplo, en la Corte de Arbitraje de Madrid, donde se han tramitado más de 3.000 casos— que los conflictos suelen surgir entre cuatro y cinco años después de firmar el contrato. Además, muchos contratos se cumplen sin problemas, lo que también retrasa la aparición de disputas.
Teniendo en cuenta que el centro comenzó sus actividades el 1 de enero de 2020, es justo ahora cuando empiezan a madurar los primeros contratos. Hay que recordar, además, que apenas iniciamos operaciones, llegó la pandemia en marzo de ese mismo año, lo que impidió difundir el proyecto o realizar actividades de promoción. Todo esto ha hecho que el crecimiento en el número de casos haya sido más lento, aunque el avance es constante.
«Lo que necesitábamos era tener una cara reconocible. Afortunadamente, ya empiezan a firmarse contratos que incluyen directamente la cláusula de arbitraje con nuestro centro, e incluso algunos casos han llegado a plantear un arbitraje real».
¿El caso del árbitro Gonzalo Stampa ha afectado a la imagen del arbitraje español?
La verdad es que no tengo una opinión definitiva sobre si ese caso tuvo o no un impacto real. Es un tema muy debatido: hay quienes aseguran que sí afectó y otros que defienden lo contrario con el mismo convencimiento.
He escuchado distintas versiones de lo ocurrido: la de Gonzalo Estampa, que fue el árbitro; la de los inversores que financiaron el arbitraje; la de los abogados de los herederos del sultán; y también la del Estado de la otra parte. Incluso algunas personas me han compartido documentos para respaldar su punto de vista. Todo ello demuestra que se trata de un asunto extremadamente complejo.
Personalmente, creo que Gonzalo fue muy valiente al continuar con el proceso. Actuó desde una interpretación muy estricta de las normas del arbitraje, aunque es cierto que a veces estas normas se cruzan con las leyes penales o estatales, lo que complica mucho las decisiones.
De hecho, hace poco di una conferencia sobre este tema —las normas que los árbitros deben aplicar obligatoriamente y cómo se determinan—, en la que comenté el desarrollo que ha tenido esta cuestión en Francia. En casos como este, el árbitro suele encontrarse muy solo, teniendo que decidir bajo gran presión. Y Gonzalo, con toda la información que tenía, optó por seguir adelante convencido de que era lo correcto.
El desenlace final pronto se conocerá. El Supremo está a punto de dictar sentencia…
Muchos árbitros habrían optado por detenerse en ese momento —“se les habría caído el bolígrafo”, como se suele decir— y esperar a ver si la parte afectada por la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que anulaba las actuaciones, presentaba una impugnación. Podrían haber argumentado, por ejemplo, que el plazo para esa acción había expirado o que la anulación carecía de fundamento.
En otras palabras, otro árbitro quizá habría preferido no seguir adelante, suspender el proceso y esperar a ver cómo reaccionaba la parte perjudicada —la que había impulsado el arbitraje y que, por tanto, veía cómo la anulación retrasaba todo el procedimiento.
No me equivoco si le pongo a este caso el adjetivo de carajal, ¿verdad?
Pues sí.
