El Juzgado 101 Bis de Madrid, especializado en cláusulas abusivas, se ha convertido en el centro de la polémica. Ello, debido al retraso que viven algunos de los casos que llegan a esta sede judicial. Entre ellos, los de un Adán (nombre ficticio). Un cliente del despacho RPV Abogados que ha visto cómo el Juzgado ha tardado cinco años en admitir a trámite su caso.
«Un juzgado, el 101 Bis de Madrid, que nació con el objetivo de agilizar procedimientos en materia de cláusulas abusivas, ha terminado convirtiéndose en el mayor ejemplo de ineficacia». Así lamentaba el abogado y socio en RPV Abogados, Víctor Ortiz Hernández, lo que ha sucedido con el caso de su cliente en este juzgado, especializado, entre otros, en reclamaciones de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios.
«Hablamos de una demanda presentada en enero de 2021, que no ha sido admitida hasta más de cuatro años después, lo cual es sencillamente inaceptable. Durante todo ese tiempo, el cliente ha permanecido a la espera sin recibir la más mínima notificación judicial ni avance en su expediente», lamenta el abogado en conversaciones con Confilegal.
Un hecho que no es aislado, tal y como asegura el letrado. Y es que este retraso de las admisiones está convirtiéndose en algo habitual. «Es decir, no hablamos de un expediente excepcional, sino de una tendencia generalizada que demuestra el colapso estructural de este órgano judicial».
Así pues, a pesar de que el Juzgado 101 Bis nació con la finalidad de unificar criterios y agilizar la tramitación de las reclamaciones por cláusulas abusivas en hipoteca, la realidad es algo muy distinto.
El colapso del juzgado 101 Bis
«El resultado ha sido el opuesto al previsto», lamenta el abogado. «Nos encontramos ante un órgano judicial completamente colapsado, sin medios suficientes, sin refuerzo de personal y sin una estructura que permita absorber el volumen real de trabajo. Lejos de ofrecer una respuesta ágil y especializada, se ha convertido en un cuello de botella judicial».
Un colapso que, para Víctor Ortiz, no siempre se debe a un aumento significativo de estos casos judiciales.
«Llevo más de 20 años dedicado al Derecho Bancario y de Consumo. Y he visto auténticas oleadas de pleitos masivos: desde las participaciones preferentes y las permutas financieras (los conocidos swap), hasta las cláusulas suelo o las obligaciones subordinadas. Por tanto, no creo que el fenómeno de los gastos hipotecarios haya supuesto un aumento significativo en el número de demandas, sino una continuidad natural de la litigiosidad bancaria que ya existía», asegura.
Un contexto en el que el letrado sí reconoce que los ciudadanos son más conscientes de sus derechos. Y, gracias a ello, «acuden con más confianza a los tribunales».
«Lo que ha fallado no es la demanda de justicia, sino la capacidad del sistema para gestionarla con eficacia y previsibilidad», destaca. «Fundamentalmente, por un error de diseño y de planificación institucional».
Así pues, en el juzgado 101 BIS «se concentraron miles de demandas en un único juzgado. Ello, sin dotarle de los medios humanos ni tecnológicos necesarios para gestionarlas con agilidad.Además, este juzgado tiene competencia exclusiva en materia hipotecaria. Lo que significa que todo asunto derivado de préstamos hipotecarios —sin excepción— termina acumulándose en el mismo órgano».
Una excusa que, sin embargo, no es suficiente. «Desde nuestro Despacho -RPV Abogados-, podemos afirmar con conocimiento directo que no existe en ningún otro órgano judicial un retraso comparable. En otros juzgados puede haber lentitud, sí, pero aquí estamos ante una auténtica parálisis, con procedimientos que tardan entre cuatro y cinco años solo en ser admitidos a trámite», lamenta.
Los ciudadanos, «abandonados» por la Justicia
Un retraso en el Juzgado 101 Bis que no sólo afecta a la lentitud de la Justicia. También a los ciudadanos.
Y es que, tal y como apunta Víctor Ortiz, esta situación, de años de espera para la admisión a trámite de una demanda, supone «supone una pérdida absoluta de confianza en la Administración de Justicia» para los ciudadanos.
«Muchos llegan a nuestro despacho con la esperanza de que, tras años soportando cláusulas abusivas, por fin se les reconozca su derecho. Y se encuentran con que el propio sistema judicial bloquea su reclamación durante años» destaca el letrado.
Un perjuicio que no es solo emocional, sino también económico. «El perjuicio es evidente: no pueden recuperar su dinero ni beneficiarse de los intereses legales correspondientes. Y todo el proceso se dilata en perjuicio del consumidor», lamenta Ortiz para este medio.
Situación que no sólo afecta a los ciudadanos y clientes. También a los propios abogados, ahogados muchas veces en «la sensación es de impotencia profesional».
«Detrás de cada expediente hay una persona que confía en ti. Una persona quee ha decidido dar un paso que no siempre es fácil —reclamar frente a una gran entidad financiera— y que, sin embargo, ve cómo el sistema no responde», asegura. «Es desolador, porque no hablamos de un problema puntual, sino de una disfunción estructural que genera frustración tanto en los clientes como en los profesionales que los representamos».
