El Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ve necesario una Administración judicial «eficiente» para favorecer la gestión de los activos durante procesos judiciales, según apunta en un estudio publicado este viernes.
Así, Refor asegura que se evitarían futuras insolvencias y se lograría una reducción de los costes de oportunidad, así como la devaluación de activos de las empresas y personas físicas que se encuentran en situación judicial.
Más aún, los economistas piden tener en cuenta el coste de oportunidad de las empresas, unidades productivas y activos que se encuentran en situación ‘sub iudice’, es decir, pendiente de una resolución judicial.
Por otra parte, también ha subrayado el «papel fundamental» de los profesionales administradores en la garantía del mantenimiento del valor del patrimonio económico.
La Administración judicial tiene poca proyección pública
Durante la presentación del estudio ‘La Administración judicial’, los economistas han destacado que la especial «idiosincrasia y singularidad» de la Administración judicial requiere de un deber de confidencialidad, secreto y sigilo profesional.
Precisamente por ello, y con la excepción de casos mediáticos, Refor señala que la Administración judicial tiene poca proyección pública.
Ante esta situación, los economistas quieren «visualizar, impulsar y poner en valor esta institución«, reclaman una mayor profesionalización y que la institución «se demande en más situaciones» por parte de los operadores y los jueces.
«El propósito de este documento técnico ha sido poner en valor y estimular que los distintos operadores del binomio economía y justicia«, ha recalcado el presidente del CGE, Valentín Pich.
Por su parte, el vicepresidente primero de Refor, Alejandro Latorre, ha destacado que «no hay estadísticas oficiales del número de administraciones judiciales que se producen anualmente».
Latorre cree que «podría ser interesante» que se obtuvieran estas estadísticas, aunque «no será fácil» debido a la dispersión de órganos interesados y juzgados que otorgan dichas estadísticas.
