La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels, abogada de familia –es socia directora de la firma Winkels Abogados– y firme defensora de la mediación, impulsa el I Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM, que empieza hoy y continuará mañana, con un llamamiento colectivo a la reforma.
En un momento en que las estructuras judiciales siguen ancladas en esquemas del siglo pasado, Winkels subraya la urgencia de adaptar el Derecho de Familia a una realidad social que evoluciona sin pausa: familias reconstituidas, parejas de hecho, homoparentales o litigios internacionales que ponen a prueba los límites de la ley.
El Congreso nace, dice, para tender puentes entre la judicatura, la fiscalía, la abogacía y los equipos técnicos, con un objetivo común: garantizar una justicia especializada, ágil y verdaderamente centrada en la protección del menor.
“El Derecho de Familia exige técnica y sensibilidad a partes iguales —afirma—; sin ambas, el sistema se deshumaniza”.
Este es el primer Congreso de Familia y Sucesiones que organiza el ICAM. ¿Por qué ahora y qué necesidades pretende atender esta iniciativa?
Porque el Derecho de Familia se enfrenta a una tensión muy clara entre una realidad social que se transforma a gran velocidad —con familias reconstituidas, homoparentales, parejas de hecho sin regulación estatal, una normativa internacional de obligado cumplimiento o gestaciones por sustitución en terceros países— y un marco jurídico que sigue anclado, en gran parte, en el siglo XX.
El Código Civil no contempla estas realidades, y es la jurisprudencia del Supremo la que está sosteniendo el sistema a base de doctrina correctora. Esta brecha, unida a la desigualdad en el acceso a órganos especializados, obliga a repensar prioridades.
Y eso es lo que busca este Congreso es alinear a la judicatura, la fiscalía, la abogacía y los equipos técnicos en torno a una agenda práctica y evaluable: especialización, continuidad del procedimiento, ejecución eficaz, prueba útil y protección real del menor.
Ha hablado de la importancia de “identificar los puntos ciegos del sistema”. ¿Cuáles son hoy los que más le preocupan y por qué?
El primero es una Justicia que no trata igual a todos los ciudadanos. Hay lugares donde se accede a un juzgado especializado, con un fiscal y un equipo técnico adscritos, y eso garantiza agilidad, profesionalidad y una respuesta ajustada.
Pero en otros puntos del país, los asuntos de familia van a juzgados mixtos, que lidian al mismo tiempo con desahucios, accidentes, delitos o negligencias médicas.
Esos ciudadanos parten en clara desventaja. El segundo punto ciego es la ejecución: de poco sirve una sentencia bien fundada si no se cumple en plazo. El tercero, la prueba psicosocial, que no puede tardar meses ni ser ininteligible.
Y, por supuesto, el menor: tiene derecho a tener su propia voz, y a un abogado que defienda su interés superior.
«Lo que busca este Congreso es alinear a la judicatura, la fiscalía, la abogacía y los equipos técnicos en torno a una agenda práctica y evaluable: especialización, continuidad del procedimiento, ejecución eficaz, prueba útil y protección real del menor».
Una de las carencias históricas es la falta de juzgados de familia especializados en todo el territorio. ¿Defiende usted que debería generalizarse esa especialización?
Es una de mis cruzadas. Y no es una cuestión corporativa, sino de justicia material. No podemos seguir con un sistema en el que hay ciudadanos de primera y de segunda en función de su código postal. La justicia necesita especialización.
Los jueces y juezas de juzgados mixtos son, en muchos casos, verdaderos héroes, porque no es razonable que el mismo órgano que instruye un homicidio, a la media hora tenga que resolver una custodia compartida.
Yo me formo cada día solo en Derecho de Familia; sería impensable pretender que esté igual de al día en otras cinco jurisdicciones. La especialización mejora los tiempos, la calidad de las resoluciones y la seguridad jurídica. Y, sobre todo, protege mejor a los menores, que son quienes más sufren las disfunciones del sistema.
Desde el ICAM, ¿se impulsará alguna propuesta formal para que el Ministerio de Justicia avance hacia la implantación de juzgados de familia especializados en todo el territorio?
Ya lo hemos hecho. El ICAM articuló un frente común con asociaciones y colegios para pedir que en la nueva arquitectura judicial se creara la Sección de Infancia, Familia y Capacidad en todos los tribunales de instancia.
Este reconocimiento, la creación de una sección que abarque estos temas tan íntimamente unidos, con las correspondientes competencias, es una parte de las peticiones formuladas; desgraciadamente no logramos que se crearan con carácter general.
Por otro lado, registramos en junio una proposición no de ley en el Congreso para suspender urgentemente la aplicación de la Ley de Eficiencia en los procedimientos de familia que afecten a menores. Lo hicimos porque estamos viendo efectos nocivos en la práctica diaria: inadmisiones de demandas que generan dilaciones innecesarias y una fragmentación que perjudica gravemente el interés superior del menor.
Y, en paralelo, seguimos trabajando en la mejora de las condiciones en sede judicial: la reciente habilitación de una sala infantil en Francisco Gervás, fruto de la colaboración institucional, es un pequeño ejemplo de que también se pueden lograr avances desde lo práctico.
El Derecho de Familia exige tanto técnica jurídica como sensibilidad humana. ¿Cree que las estructuras judiciales actuales reflejan esa doble dimensión o siguen siendo demasiado rígidas?
Siguen siendo demasiado rígidas. Y por eso desde el ICAM hemos pedido suspender cautelarmente la Ley 1/2025 en familia con menores. Porque, tal y como se está aplicando, impone pasos previos obligatorios que solo suman tiempo y tensión, en lugar de aportar soluciones.
El Derecho de Familia necesita estructuras que permitan seguir el hilo del caso sin trocearlo, con órganos especializados que gestionen pruebas psicosociales con agilidad, escuchen al menor con garantías y adopten medidas reales, no solo formales.
Y eso exige dotación, formación, tiempo y vocación. La técnica sin sensibilidad no sirve. Pero tampoco basta con tener sensibilidad si faltan las herramientas para aplicarla.
«Lo primero es entender que la violencia económica no es solo impago de pensiones. Es control financiero, ocultación de patrimonio, retirada de medios, pagos incompletos y retrasados o endeudamiento premeditado para limitar la autonomía de la otra parte. Lo segundo es trabajar mejor la prueba: rastreo de movimientos bancarios, patrones de gasto, periciales económicas, comunicaciones, etc.».
Uno de los ejes del Congreso es la violencia económica. ¿Qué cambios considera necesarios para que la jurisprudencia y la práctica forense avancen en su detección y reparación efectiva?
Lo primero es entender que la violencia económica no es solo impago de pensiones. Es control financiero, ocultación de patrimonio, retirada de medios, pagos incompletos y retrasados o endeudamiento premeditado para limitar la autonomía de la otra parte.
Lo segundo es trabajar mejor la prueba: rastreo de movimientos bancarios, patrones de gasto, periciales económicas, comunicaciones, etc. Y lo tercero, aplicar cautelares ágiles: embargos con finalidad directa, pagos que vayan al colegio o al alquiler, no a una cuenta bloqueada.
Creo que una mayor intervención de los procuradores en los procedimientos ayudaría de manera muy efectiva a agilizar las ejecuciones.
Como vicedecana, impulsa políticas de igualdad y bienestar profesional. ¿Cómo se traduce esa visión en el ejercicio del Derecho de Familia, donde la tensión emocional es constante?
En Derecho de Familia, la tensión emocional no es la excepción: es la norma. Y eso impacta tanto en los ciudadanos como en los profesionales. Desde el ICAM estamos abordando esa realidad en varios planos: fortaleciendo el acceso a formación práctica en acuerdos ejecutables, mejora de la prueba, gestión del conflicto… pero también facilitando espacios de reflexión emocional y herramientas de cuidado profesional.
A menudo, los abogados y abogadas de familia acompañan procesos muy duros sin el mínimo margen para procesar lo que están viviendo. Y desde el punto de vista institucional, también actuamos en medidas de entorno: como la sala infantil de Francisco Gervás, que es una forma concreta de reducir el impacto de la vista en el menor. Igualdad y bienestar no son eslóganes, se traducen en condiciones materiales y en decisiones que tengan sentido para las personas.
¿Qué impacto cree que tendría la creación de juzgados de familia especializados en la eficiencia del sistema judicial y en la calidad de las resoluciones?
Un impacto inmediato y medible. Desde el punto de vista de la eficiencia, porque se reducen tiempos, se mejora la gestión probatoria y se evita la dispersión de criterios. Un juzgado especializado ya sabe qué cautelares son útiles, cómo escuchar a un menor, como enfocar una vista de medidas provisionales o qué indicadores analizar en un informe técnico.
Y desde la calidad, porque se dictan resoluciones mejor motivadas, más estables y con mayor índice de cumplimiento. A eso se suma la seguridad jurídica, que es clave cuando el asunto afecta a menores o a patrimonios familiares complejos.
Y hay algo que no podemos perder de vista: la especialización también fomenta acuerdos más sólidos, porque las partes perciben que están en manos de alguien que sabe lo que tiene entre manos.
El Congreso reúne a magistrados del Supremo, del Constitucional y del TEDH. ¿Qué valor añade escuchar a los jueces desde esa triple perspectiva —nacional, constitucional y europea— en materia de familia?
Nos permite conectar los tres niveles de garantías que hoy conviven en un procedimiento de familia: la correcta aplicación de la norma por parte de los órganos ordinarios; el respeto a los derechos fundamentales implicados; y el cumplimiento de los estándares europeos, especialmente del artículo 8 del CEDH, que garantiza el derecho a la vida familiar.
Cada juez aporta una perspectiva distinta, pero complementaria. El Supremo construye doctrina casacional que da coherencia; el Constitucional fija los límites del sistema cuando se ven comprometidos derechos fundamentales —como el del menor, la igualdad o la tutela judicial efectiva—; y el Tribunal de Estrasburgo nos recuerda que no basta con una sentencia ajustada a Derecho: esa sentencia, además, debe poder cumplirse.
La internacionalización de los litigios familiares es un fenómeno creciente. ¿Está preparado nuestro sistema judicial para gestionar esa complejidad transfronteriza?
Jurídicamente, contamos con un buen armazón normativo —el Reglamento Bruselas II ter, los Convenios de La Haya, etc.—. Pero en la práctica, aún falta capacidad de respuesta real, en muchos casos por la falta de conocimiento de la norma por parte de los operadores jurídicos: necesitamos órganos especializados que dominen competencia, ley aplicable, cooperación con autoridades centrales y ejecución en origen.
También hacen falta recursos humanos y materiales: traducciones ágiles, peritos expertos, canales estables de comunicación entre tribunales. Y, desde luego, una abogacía con formación específica en Derecho Internacional de Familia. De lo contrario, los tratados se quedan en papel.
Pero el problema más grave que en este momento acecha a los procedimientos internacionales de familia es la obligatoriedad de los MASC: somos el único país del mundo que lo exige como requisito de procedibilidad, y si yo informo a un colega inglés, americano o australiano sobre mi intención de “negociar” una cuestión concreta, como primera medida presentará una demanda en su propio país, ganando la competencia judicial internacional.
«Prior tempore, potior iure». Esta exigencia deja de facto a los ciudadanos sin acceso a sus tribunales, y viéndose obligados a pleitear fuera, lo que es una denegación clara del acceso a la justicia.
«El problema más grave que en este momento acecha a los procedimientos internacionales de familia es la obligatoriedad de los MASC: somos el único país del mundo que lo exige como requisito de procedibilidad, y si yo informo a un colega inglés, americano o australiano sobre mi intención de ‘negociar’ una cuestión concreta, como primera medida presentará una demanda en su propio país, ganando la competencia judicial internacional».
Usted defiende una abogacía de familia más formada y emocionalmente fuerte. ¿Qué carencias formativas observa hoy entre los profesionales que ejercen en esta materia?
Muchas veces damos por sentadas competencias que nadie nos ha enseñado. ¿Sabemos cómo construir una propuesta de custodia compartida que sea ejecutable y creíble? ¿Sabemos impugnar un informe psicosocial con argumentos técnicos y sin convertir la sala en un campo de batalla? ¿Sabemos negociar desde el cuidado y no desde el desgaste?
La abogacía de familia requiere un dominio profundo del procedimiento, pero también habilidades comunicativas, gestión emocional, y sobre todo capacidad de diseñar acuerdos que funcionen en la vida real. El ICAM está volcando cada vez más esfuerzo en esta formación práctica y transversal, que es la que marca la diferencia en sala.
¿Qué le gustaría que quedara como legado de este primer Congreso? ¿Podemos esperar que se consolide como una cita anual de referencia para repensar el Derecho de Familia en España?
Me gustaría que quedaran claros tres compromisos. El primero, seguir impulsando la especialización, tanto en el ámbito judicial —con órganos, fiscales y equipos técnicos formados— como dentro de la propia abogacía de familia, donde la técnica procesal y la sensibilidad deben ir siempre de la mano.
El segundo, reforzar la formación continua, con programación anual estable, materiales útiles y seguimiento real de la evolución jurisprudencial.
Y el tercero, cuidar la red de apoyo entre compañeros, porque en familia nadie litiga solo, y compartir criterios, recursos y acompañamiento profesional es una forma de fortalecer también la calidad del sistema.
Por supuesto, este será el primer Congreso, al que seguirá uno cada año. Con él vamos a contribuir a consolidar esa cultura —la de escucharnos, compartir experiencia y avanzar juntos—, reforzándola año a año dentro de un espacio estable de mejora colectiva.
