Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, en el uso de la palabra. A su lado, Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, e Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid. Foto: ICAM.

El ICAM reivindica secciones especializadas en familia en todos los nuevos Tribunales de Instancia

24 / 10 / 2025 05:45

“Aquí no venimos solo a hablar de leyes, venimos a hablar de personas.” Bajo esa premisa, y con el objetivo de reforzar la especialización y humanizar la respuesta judicial ante los conflictos familiares, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado esta mañana el I Congreso de Familia y Sucesiones, un encuentro que reúne en la sede colegial a magistrados de primera instancia, Audiencias, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto a decenas de profesionales del ámbito jurídico y académico.

En un contexto marcado por la progresiva entrada en vigor de los nuevos Tribunales de Instancia, el ICAM ha reivindicado una estructura judicial especializada en familia, infancia y capacidad en todos los Tribunales, y ha alertado sobre los efectos adversos que los MASC están produciendo en procedimientos con menores, al ralentizar los procesos y generar obstáculos añadidos al acceso efectivo a la justicia.

La advertencia sobre los MASC

La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, fue directa al señalar que los MASC están produciendo «efectos adversos» en procedimientos con menores. «Están ralentizando los procedimientos y generando obstáculos incluso antes de que se alcance un acuerdo», advirtió.

El problema, según Winkels, no está en la negociación —que ya funciona: el 80% de los conflictos familiares se resuelven por acuerdo, según datos del CGPJ—, sino en la exigencia burocrática de acreditarla. «Nos exigen no solo que tengamos capacidad de negociación, sino que la acreditemos. Y esos modos de acreditar esa negociación son los que están generando problemas serios».

En el ámbito internacional, la situación es aún más grave. El MASC como requisito de procedibilidad en procedimientos de familia internacional constituye, en palabras de Winkels, «una auténtica denegación del acceso a la justicia».

La razón es técnica pero devastadora: ningún otro país exige este requisito, de modo que cuando un abogado español envía un MASC a su homólogo extranjero, este puede interponer su demanda de inmediato y ganar la competencia judicial por el principio prior tempore potior iure (quien llega primero tiene preferencia).

La reivindicación de la especialización

«El Derecho de Familia no puede gestionarse en serie ni con procedimientos industriales porque en cada caso está en juego un modelo vital, afectivo y humano distinto”, afirmó.», afirmó el decano del ICAM, Eugenio Ribón. Su argumento es que esta rama jurídica exige algo más que técnica: requiere comprensión del contexto emocional y relacional de cada conflicto.

Ribón alertó contra la tentación de abordar los procedimientos familiares con fórmulas estandarizadas, reclamando una respuesta jurídica adaptada a la singularidad de cada situación. “El Derecho de Familia no es una rama del Derecho. Es un Derecho con ramas, tronco y raíces. Y no se estudia solo en tratados: se aprende en la carne viva del dolor, de la ruptura, del miedo o la esperanza”, sostuvo, subrayando que la técnica jurídica, por sí sola, no basta sin una mirada atenta al contexto emocional y relacional de los conflictos.

El decano insistió en que avanzar hacia una justicia más humana y especializada no es solo una opción política o académica, sino una responsabilidad institucional que compromete a toda la comunidad jurídica. “Defender el Derecho de Familia es también defender el derecho a una Justicia más humana. Y esa tarea nos interpela a todos”. Precisó que una de las reivindicaciones del ICAM es la regulación de la figura del defensor del menor, que estaba siendo objeto de diálogo con la Comunidad de Madrid para su implantación.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, inaugurando este I Congreso de Familia y Sucesiones. Foto: ICAM.

La vicedecana fue más concreta al reclamar que «todos y cada uno de los nuevos tribunales de instancia» cuenten con secciones especializadas en familia, infancia y capacidad. Sin esa especialización funcional, advirtió, la reforma judicial se quedará en un mero cambio orgánico sin mejora real para menores y familias.

El ICAM también está negociando con la Comunidad de Madrid la regulación e implantación de la figura del defensor del menor, una demanda histórica de la profesión.

Más allá de las leyes

La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, lo expresó así: «El Derecho de Familia no va solo de leyes ni de patrimonios, sino de personas: de abogados que escuchan, de jueces que comprenden, de hijos, padres y parejas que buscan recomponer su vida», afirmó, reivindicando la necesidad de construir confianza entre todos los operadores jurídicos que acompañan a las familias en momentos difíciles. Y si algo caracteriza a esta especialidad, concluyó, “es que cada día nos recuerda que, detrás de cada caso, hay una historia humana que merece respeto”.

La viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos, destacó los esfuerzos del Ejecutivo regional por humanizar la Administración de Justicia: adecuación de infraestructuras, salas infantiles y expansión de las cámaras Gesell para evitar la revictimización de menores. Solo en el primer semestre de 2025 se realizaron 147 pruebas preconstituidas en las 16 cámaras disponibles en Madrid. La futura Ciudad de la Justicia triplicará ese número.

Los cinco ejes del debate

El congreso se estructura en torno a cinco bloques que abordan desde la aplicación efectiva del interés superior del menor hasta la violencia económica, pasando por la coordinación internacional en casos de sustracción, la liquidación de regímenes matrimoniales y la planificación sucesoria.

Con más de 5.300 colegiados, Familia y Sucesiones es la sección más numerosa del ICAM. El mensaje del congreso es claro: esta comunidad profesional exige estructuras judiciales especializadas, formación continua y, sobre todo, que cada decisión judicial recuerde que detrás de cada expediente hay una historia humana que merece respeto.

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