El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha respaldado este jueves las reivindicaciones de las asociaciones de autónomos que piden negociar los cambios en las cotizaciones a la Seguridad Social propuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El mensaje es claro: no basta con subir las cuotas si no se equiparan también las prestaciones.
El CGPE reclama que se cumpla el espíritu de la recomendación quinta del Pacto de Toledo, que insta a igualar la protección social de los autónomos con la de los trabajadores por cuenta ajena.
«Esa igualación ha de cumplir con la regla básica de la equiparación, tanto en contribuciones fiscales como en prestaciones públicas», subraya la institución.
La crítica es precisa: la propuesta del Gobierno solo ha cumplido el pacto en lo relativo a aumentar la cotización, pero ignora cuestiones fundamentales. Entre ellas, la sobrecotización de los colegiados en situación de pluriactividad —que ya cotizan en régimen general por una base máxima—, la falta de reconocimiento de permisos como el de lactancia, o la ausencia de un subsidio para mayores de 52 años que agotan el cese de actividad, equivalente al que reciben los asalariados cuando agotan el desempleo.
También señala las incidencias en el mantenimiento de la base de cotización para los colegiados societarios dados de alta en el RETA antes de 2022.
El CGPE valora que la propuesta ministerial de nuevas cuotas se haya reducido a incrementos «en la línea adecuada», congelando las cuotas para quienes menos facturan y situando el resto «progresivamente muy cerca de la inflación». Pero insiste: no es suficiente.
Por eso manifiesta su apoyo a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y al resto de asociaciones para que sigan reclamando una nueva propuesta que corrija «los errores derivados de la única regularización del sistema de ingresos reales del RETA que se ha realizado, correspondiente a 2023».
El respaldo de los procuradores refuerza la presión sobre el Ministerio para abrir una negociación real que vaya más allá de los números y atienda las demandas de equiparación efectiva en derechos laborales.
