El Tribunal Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) ha rechazado el arbitraje que Sacyr inició contra Panamá reclamando hasta 1.700 millones de euros por los sobrecostes en la ampliación del Canal entre 2009 y 2016.
La constructora española ha confirmado la decisión —adoptada con un voto particular disidente— pero mantiene abierto otro frente: el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Miami, donde actúa junto al resto del consorcio GUPC, integrado también por la italiana Webuild y la belga Jan de Nul.
Sacyr subraya que el rechazo del Cnudmi no impacta en sus cuentas, ya provisionado, mientras que cualquier laudo favorable del ICC tendría efecto positivo sobre los resultados.
Defensa millonaria de Panamá
Como adelantó Europa Press, el Gobierno panameño contrató a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer por 5,6 millones de euros para defenderse en este procedimiento. Una estrategia que ahora le ha dado réditos.
El conflicto se arrastra desde que la obra, adjudicada por 3.200 millones de dólares, acabó costando 5.580 millones —casi el doble—. Sacyr ostenta el 41,6% del consorcio GUPC, responsable de los trabajos.
Sacyr lideró entre 2009 y 2016 el desarrollo de uno de los mayores proyectos de ingeniería de la historia, el Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá. Esta nueva vía de tránsito, paralela al antiguo Canal, ha superado las expectativas con las que inició su andadura y es capaz de mover cerca de 2.000 buques por año.
Intentos de pasar página
En 2020, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, intentó cerrar el capítulo calificándolo de «historia del pasado». En las últimas juntas de accionistas insistió en que todos los posibles impactos negativos están cubiertos: «Solo podemos obtener ganancias», afirmó.
Pero los efectos de la que fue considerada la mayor obra de ingeniería del siglo XXI persisten. Este arbitraje del Cnudmi fue presentado en solitario por Sacyr, sin sus socios, reclamando entre 861 y 1.723 millones de euros. El procedimiento ante el ICC de Miami, en cambio, lo impulsa todo el consorcio unido.
Los últimos movimientos incluyen la recuperación de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio en 2022 y el rechazo del Tribunal Supremo de Estados Unidos a un recurso del GUPC contra el pago de 265 millones a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ejecutado en 2020.
Sacyr defiende en su comunicado que «la ampliación del Canal de Panamá es un caso de éxito tecnológico e innovador» que desde 2016 «ha permitido ampliar la capacidad del comercio mundial». Una reivindicación técnica que no cierra el capítulo judicial.
