El juez de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido desde el Palacio de la Moncloa una copia de los correos electrónicos corporativos utilizados por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y los ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis en el marco de la investigación abierta.
Según consta en una providencia, el magistrado ha recibido una memoria USB con documentación que incluye una copia de los correos enviados y recibidos entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta institucional asignada a Gómez.
Peinado ordena que el material sea entregado a la UCO, en su sección de delitos económicos, para que determine qué mensajes guardan relación con la causa y elabore el correspondiente informe. Una vez concluido, el juez trasladará a las partes tanto el informe como los correos analizados, con el objetivo de “preservar el derecho a la intimidad”.
La documentación remitida por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno incluye tres anexos. Entre ellos figura un informe con los nombres de las personas que han ocupado el cargo de secretario general de la Presidencia desde julio de 2018. También se incorpora otro documento de la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre quienes han autorizado y ordenado los pagos percibidos por Cristina Álvarez, asesora de Gómez, desde su nombramiento.
Los correos de Begoña Gómez, una información «útil y pertinente»
El instructor había requerido al Ejecutivo que informara si Gómez disponía de una cuenta oficial de correo electrónico, a instancias de las acusaciones populares, al considerar “útil y pertinente” conocer si existía un canal institucional empleado por la investigada para comunicarse, especialmente con empresas vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió y, posteriormente, codirigió.
Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En la causa también figuran como investigados Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien anteriormente ejerció como secretario general de la Presidencia.
