El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha acordado abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico efectuados por el PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, tal y como le indicó recientemente el Tribunal Supremo (TS).
La decisión figura en una providencia dictada este jueves, en la que el magistrado detalla que la documentación remitida por el Supremo —ya incorporada a la nueva pieza— incluye el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el patrimonio de Ábalos, en el que se analizan esos pagos, así como la información proporcionada por el propio PSOE sobre dichas entregas.
Ese material se completa con las declaraciones prestadas en el Supremo por el exgerente del partido Mariano Moreno, la empleada Celia Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE.
Era el pasado 31 de octubre, el magistrado del TS Leopoldo Puente —instructor del caso Koldo en el Alto Tribunal— instó a la Audiencia Nacional a investigar la operativa de pagos en metálico ante la posibilidad de que existiera un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos. Según razonó, ni el partido, ni los investigados, ni los trabajadores del PSOE que declararon como testigos lograron esclarecer estos hechos.
Puente subrayó en su auto que la actividad interna del PSOE, “sea cual sea la calificación jurídica que merezca”, no está “inescindiblemente vinculada” a la presunta trama que investiga el Supremo, integrada por Ábalos, García y el ex secretario de Organización Santos Cerdán, quienes habrían cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Por ello, pidió a la Audiencia indagar si Ábalos y su exasesor pudieron blanquear dinero a través de las liquidaciones de gastos del partido.
Falta de controles y ausencia de explicaciones
El Supremo detectó que el PSOE no verificaba si la persona que reclamaba la devolución de gastos era quien realmente había realizado los pagos reflejados en tickets o facturas. Esa falta de control habría permitido presentar justificantes por servicios abonados por terceros, como familiares o amigos.
Puente añadía que tampoco se comprobaba si los pagos habían sido realizados en metálico o mediante operaciones bancarias, lo que podría permitir compensar gastos sufragados con fondos de origen ilícito. Esta hipótesis, señaló, sería especialmente relevante si una misma persona gestionaba la liquidación de gastos efectuados por otros.
El informe de la UCO recoge comunicaciones sobre posibles pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y García que no coincidirían, ni en fecha ni en importe, con la información aportada por el partido. El magistrado recordó que ambos se acogieron a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el TS.
Tampoco el exgerente ni la empleada del PSOE aclararon estos extremos durante su declaración. Según fuentes jurídicas, ambos señalaron que los pagos de gastos de la Secretaría de Organización se abonaban sin mayores comprobaciones y que era Koldo quien centralizaba esos pagos.
Puente destacó que no quedó justificado por qué numerosas compensaciones personales o colectivas se realizaban exclusivamente en metálico, ni en qué momento comenzó o concluyó este procedimiento.
El flujo del efectivo en el PSOE
Otra de las cuestiones que el Supremo consideró insuficientemente explicada es el origen del dinero en efectivo utilizado por el PSOE para estas compensaciones. El exgerente explicó que la caja se nutría de remesas reclamadas al banco desde la cuenta de funcionamiento, financiada a su vez por subvenciones públicas, cuotas de afiliados y entradas desde la cuenta de donaciones, estas últimas generalmente bancarias, aunque en ocasiones también en metálico.
Para Puente, acreditar periódicamente que los fondos de la caja procedían de la cuenta bancaria no basta para descartar posibles pagos no contabilizados, ya que tampoco quedarían registrados los ingresos destinados a cubrirlos.
El magistrado planteó, además, por qué el partido optaba por utilizar efectivo y trasladarlo mediante empresas de seguridad, cuando las compensaciones podrían haberse realizado por transferencia bancaria, evitando costes adicionales y riesgos.
Ante todas estas incógnitas, el instructor del Supremo concluyó que era necesario aclarar quién gestionaba las compensaciones, cómo se verificaban los justificantes y cuál era el origen de los fondos en metálico empleados. Estas cuestiones, advirtió, podrían revelar conductas irregulares e incluso delictivas.
El juez de la Audiencia Nacional coincide con este planteamiento y ya ha dado los primeros pasos para investigar estos hechos en una pieza separada, conforme a lo solicitado por el Tribunal Supremo.
