El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha reprogramado para el próximo domingo a las 17.30 horas la declaración como investigada de la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. Y así, pospone la citación de este próximo miércoles. Un cambio que se produce tras la petición de la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, que alegó otros señalamientos.
Peinado citó a González para informarle del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan. Ello, tomándole declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos. El instructor subrayó que su comparecencia “no puede ser en calidad de testigo”.
En su argumentación, el juez reprocha el “comportamiento de carácter pasivo” del anterior secretario general de la Presidencia, Francisco Martín. También recuerda que quien tenga capacidad de supervisión sobre empleados o designados para funciones públicas puede incurrir en esta modalidad de malversación “pudiendo evitarla y no haciéndolo”.
El magistrado sostiene que el cargo de Secretaría General era conocedor de los actos institucionales de Gómez. También de la actividad privada de ésta en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra extraordinaria.
A su juicio, podría haberse producido una comisión por omisión, al no impartir instrucciones para que Álvarez se abstuviera de labores privadas en ese contexto.
Con su citación, González pasa a ser la quinta investigada en la causa, junto a Begoña Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El nuevo señalamiento arrastra también las declaraciones de tres testigos que ya habían comparecido ante el instructor.
Procedimiento de jurado popular
En concreto, las de Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa; Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google; y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. Sus declaraciones quedan igualmente fijadas para el domingo.
Además, Peinado autoriza que Begoña Gómez y Álvarez no tengan que desplazarse al juzgado para entregar sus pasaportes. Así pues, será Unidad Adscrita a los juzgados se encargará de las gestiones.
En el auto en el que imputó a González, Peinado rechazó la solicitud de archivo presentada por las defensas y por la Fiscalía. El juez ratifica que asume lo ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid: unir las dos piezas en las que había dividido la investigación y mantener el procedimiento del jurado popular, que sería el competente en caso de juicio.
El magistrado investiga posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La malversación y el tráfico de influencias, al estar dentro del catálogo del Tribunal del Jurado, arrastran la causa completa.
La investigación se inició en abril de 2024 tras la denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de aprovechar su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios —entre ellos Barrabés— que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente se añadieron otras líneas de investigación impulsadas por Vox, relativas al registro del software de la cátedra codirigida por Gómez y al eventual desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez como asesora.
La Audiencia Provincial revocó la apertura de una pieza separada sobre este último asunto, pero avaló que la investigación continúe dentro de la pieza principal.
