El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) que incorpora las principales reivindicaciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para corregir la aplicación desigual de la Ley 1/2025 y garantizar una interpretación homogénea de los requisitos relativos a los medios adecuados de solución de controversias (MASC).
La iniciativa, promovida por el Grupo Parlamentario Popular y apoyada por una amplia mayoría —185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones—, reclama al Gobierno la adopción de reformas urgentes ante la fragmentación interpretativa que la norma ha generado desde su entrada en vigor. Según la PNL, esta disparidad está provocando inseguridad jurídica y desigualdad en el acceso a la justicia.
El aval parlamentario ha supuesto, además, un respaldo directo a la postura que el ICAM viene defendiendo desde abril, cuando advirtió al Ministerio de Justicia de los efectos desiguales que la ley estaba teniendo en juzgados de todo el país y reclamó una intervención inmediata para unificar criterios.
“El Congreso ha reconocido hoy que no puede haber justicia con normas que se aplican de forma distinta según el juzgado”, afirmó el decano del ICAM, Eugenio Ribón. A su juicio, la iniciativa responde a una necesidad “real” que el Colegio viene denunciando desde hace meses: “Si no se corrigen las disfunciones de la Ley 1/2025, los ciudadanos no sólo están obligados a acudir a procedimientos alternativos, sino que no saben en qué casos ni con qué consecuencias, dependiendo del órgano judicial que les toque”.
Medidas para reforzar la coherencia judicial
Entre las medidas aprobadas figura la ampliación de las excepciones al requisito de acudir a un MASC antes de interponer una demanda. El listado incluye asuntos como monitorios, desahucios, reclamaciones de comunidades de propietarios o procedimientos de familia con menores. Se trata de una de las reivindicaciones expresas del ICAM.
Además, el texto insta al Ejecutivo a:
- Promover reformas normativas y reglamentarias que aseguren una aplicación uniforme de los MASC en todo el territorio.
- Elaborar el estatuto de la tercera persona neutral con participación de los operadores jurídicos.
- Impulsar protocolos comunes de actuación.
- Ofrecer formación específica a jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos.
- Poner en marcha campañas de información ciudadana sobre los MASC y sus implicaciones legales.
“El ICAM no solo advirtió el problema, sino que propuso soluciones”, apuntó Ribón, quien celebró que el trabajo del Colegio se haya traducido en “una hoja de ruta clara para garantizar seguridad jurídica, transparencia y una tutela judicial efectiva real”.
El ICAM subraya que esto es sólo el inicio
El Colegio madrileño ha subrayado que esta victoria parlamentaria es únicamente el inicio de un proceso que debe concretarse en reformas legales y operativas. “Seguiremos vigilantes para que los compromisos adquiridos hoy no se queden en papel mojado”, ha destacado su decano.
La aprobación de la PNL refuerza asimismo el papel de la abogacía como actor esencial en la mejora del sistema de justicia y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. “Cuando la ley genera confusión, es nuestra obligación alzar la voz. Hoy el Congreso nos ha escuchado”, ha concluido Ribón.
