El auto tiene fecha de 14 de noviembre pero el acuerdo de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central es inequívoco: ordena la apertura de juicio oral contra los cuatro mandos acusados por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos León Rico la madrugada del 23 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en la Base Militar de Cerro Muriano, Córdoba.
El tribunal, formado por la consejero general togado y presidenta de Sala, Begoña Aramendia Rodríguez de Austria, y los vocales togados generales auditores María Eugenia Ruiz Hernández y Fernando Rosa Bobo, ha dado cinco días a las partes. y a la fiscalía para que presenten el escrito de conclusiones provisionales.
De acuerdo con este escrito, serán juzgados el capitán Ignacio Zúñiga y el teniente Jaime Tato, los cuales llevaron a cabo el ejercicio que acabó con la muerte de los dos militares. Y también parte de la cadena de mando, el comandante Luis Velasco y el teniente coronel José Luis Zanfaño.
Los cuatro han sido suspendidos en sus funciones por el Ejército de Tierra.
El titular del Juzgado Togado Militar Central número 1 acordó hace un año procesar a seis mandos del Regimiento de Infantería La Reina, encuadrado en la Brigada Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra, como responsables de dos delitos consumados contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, equivalentes al homicidio imprudente, castigados con hasta cuatro años y nueve meses de cárcel cada uno; y otros dos en grado de tentativa.
Sin embargo retiró la acusación contra dos de ellos: El coronel del Regimiento, Manuel Navarro González, que fue acusado de incumplir los deberes inherentes al mando, y el sargento Alejandro Moreno Ruiz de Castroviejo, encargado de elegir la cuerda que debía servir de guía para cubrir la laguna artificial.
Sobre el primero se consideró que carecía información sobre las condiciones en que iba a desarrollarse el ejercicio, por lo que no pudo modificarlo ni prohibirlo, y sobre el segundo no se encontraron indicios de criminalidad en su conducta.
Luis Romero, el abogado que articula la acusación particular en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico, va a solicitar 9 años y 6 meses de cárcel y su salida del Ejército para cada uno de los cuatro acusados por dos delitos contra la eficacia del servicio del artículo 77.1 del CP Militar con resultado de muerte y una indemnización a cada uno de ellos de 500.000 € con la responsabilidad subsidiaria del Ministerio de Defensa.
