¿Recuerdan cuando nos dijeron que la lucha era contra la «desinformación»?.
Parecía una misión noble, un escudo cívico necesario para defender nuestras democracias de la interferencia extranjera y la manipulación maliciosa.
Ese velo, sin embargo, se ha caído para revelar una maquinaria mucho más sombría.
Lo advertí hace ya bastantes años, cuando esto justo comenzaba. Nunca estuve dispuesto a comprar esa idea facilona de la desinformación. Lo que ciertamente no significa que la desinformación no exista. Siempre existió. Lo que no compro en absoluto son las llamadas “políticas contra la desinformación”.
La lucha contra las «fake news» ha mutado. Se ha transformado en un vasto y opaco «Complejo Industrial de la Censura». Esta no es la propaganda torpe de los viejos regímenes totalitarios; es una moderna y difusa red de «asociaciones público-privadas».
En ella, agencias gubernamentales, gigantes tecnológicos y consorcios académicos colaboran para administrar la realidad, permitiendo al Estado ejercer un poder coercitivo sin asumir la responsabilidad directa.
El objetivo ya no es combatir la falsedad. El objetivo es gestionar la narrativa.
Para lograrlo, han redefinido el campo de batalla. La seguridad nacional ya no se limita a proteger puertos o redes eléctricas; ahora debe proteger la «infraestructura cognitiva».
Es decir, sus creencias y las mías se han convertido en un dominio que el Estado debe «limpiar» o «vacunar». Tácticas de contraterrorismo, diseñadas para teatros de guerra extranjeros, han sido importadas para reorientarse contra los propios ciudadanos.
El léxico de este nuevo poder es perverso. La herramienta más potente es la categoría de «malinformación». Este no es un eufemismo para la mentira; es el término oficial para describir información que es factualmente verdadera, pero que las autoridades consideran inoportuna o perjudicial para el «consenso» oficial.
¿Estadísticas de delincuencia que no gustan? ¿Datos sobre efectos secundarios de vacunas? Todo puede ser clasificado como una amenaza de seguridad si socava la confianza en las instituciones.
El objetivo, entonces, no es la verdad, es el control político. Eso es lo que realmente está detrás de las llamadas políticas contra la desinformación.
«PREBUNKING»
Junto a esto, operan técnicas de condicionamiento psicológico como el «prebunking». Ya no necesitan refutar sus argumentos con datos; ahora buscan «inocular» preventivamente al público, asociando ciertas ideas con la falsedad antes de que usted tenga la oportunidad de analizarlas.
Y cuando eso falla, se recurre al «silencio estratégico»: la coordinación activa entre periodistas y plataformas para simplemente no informar sobre historias inconvenientes, independientemente de su veracidad.
Las consecuencias de este sistema son devastadoras, porque la realidad no se somete al consenso burocrático.
En el pasado vimos cómo cualquier mención de efectos secundarios graves de las vacunas fue agresivamente atacada y censurada por «verificadores de datos» bajo presión gubernamental.
Años después, fue AstraZeneca quien admitió formalmente ante un tribunal británico que su vacuna podría, de hecho, causar síndromes de trombosis raros. La «desinformación» de ayer se convirtió en el hecho jurídico de hoy , pero solo después de que se impidiera el consentimiento informado genuino.
Vimos cómo la narrativa unificada que culpaba a Rusia por el sabotaje del Nord Stream fue desmantelada por investigaciones que apuntaban a operativos ucranianos. Vimos cómo se nos vendió el inminente colapso de la economía rusa, solo para que los datos del FMI mostraran que crecía más rápido que muchas economías del G7.
Este aparato no sólo suprime, sino que se está codificando en ley. En Estados Unidos, el caso Murthy v. Missouri expuso la vasta maquinaria de presión de la Casa Blanca sobre las redes sociales, un «guante de terciopelo con puño de hierro» para la censura.
Y si quieren ver el futuro de este control, miren el laboratorio en que se ha convertido Brasil. Allí, un solo juez del Supremo Tribunal ha ordenado la suspensión de cuentas de periodistas y parlamentarios electos, ha exigido datos privados sin las órdenes adecuadas y ha utilizado procesos secretos que impiden cualquier defensa legal.
CONTROL DE LA NARRATIVA
La escalada ha llegado al punto de amenazar con multar a cualquier ciudadano que simplemente utilice una VPN para acceder a una plataforma bloqueada, criminalizando no solo al emisor, sino al receptor por intentar escuchar.
Mientras tanto, la Anglosfera y Europa construyen su propia «cortina de hierro» legislativa. La Ley de Servicios Digitales de la UE proyecta su poder regulatorio fuera de sus fronteras. El Reino Unido implementa una Online Safety Act que, bajo la excusa de proteger a los niños, avanza hacia el fin del anonimato en línea.
Y Canadá ha llegado a proponer un concepto de «pre-crimen» del discurso: «fianzas de paz» y arresto domiciliario por el «temor razonable» de que alguien podría cometer un delito de odio en el futuro.
El resultado de todo esto es la «burocratización de la verdad». Cuando la población se da cuenta de que las etiquetas de «verificado» son marcadores políticos, no epistemológicos, la confianza institucional se destruye.
Estamos siendo conducidos a una «realidad de código cerrado», donde la verdad deja de ser un proceso de descubrimiento a través del debate y se convierte en un producto administrativo estéril, diseñado para proteger al poder.
La verdadera amenaza a la democracia ya no es la mentira. Sino en no pocas ocasiones aquellos que hacen alarde de luchar contra ella.
Es la pérdida de nuestro derecho fundamental a escuchar, a cuestionar y a equivocarnos, prerrogativas humanas que este complejo industrial de la censura busca extinguir en nombre de nuestra propia protección.
Los verdaderos enemigos de la verdad, créanme, son, en no pocos casos, los profetas de las políticas contra la desinformación.
