El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa y Hazte Oír —cinco de las acusaciones populares en el proceso contra el fiscal general— han celebrado la decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros.
Una sentencia con consecuencias, sin embargo, menores a lo que todas ellas habían solicitado: cárcel de 3 a 6 años.
“Nadie está por encima de la ley”, han subrayado fuentes del ICAM, que estuvo representada por los abogados Ignacio de Luis y Pablo Morenilla.
El Supremo ha adelantado hoy el fallo, si bien la sentencia todavía no se conoce: El fiscal general ha sido declarado culpable de un delito de revelación de secretos relacionado con la publicación de información personal, dentro de una nota de prensa, sobre Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—.
García Ortiz deberá indemnizar al empresario con 10.000 euros por daños morales.
El ICAM ha destacado que el hecho de que un fiscal general en ejercicio resulte condenado penalmente demuestra que “la ley se aplica a todos por igual” y que las instituciones democráticas cuentan con mecanismos eficaces para exigir responsabilidades incluso a los altos cargos públicos.
También ha señalado que la decisión del Supremo confirma la importancia jurídica de los hechos investigados, ya que se vio comprometida una comunicación entre un abogado y un fiscal que está protegida por el secreto profesional, es decir, la obligación legal de mantener confidencia entre cliente y abogado.
Según el Colegio, el fallo refuerza principios básicos del Estado de Derecho, como la defensa legal de cualquier ciudadano, el respeto al secreto profesional y la lealtad en los procedimientos judiciales.
Aun así, insiste en que este caso no cuestiona a la Fiscalía como institución ni la profesionalidad de sus miembros. “Se ha condenado una actuación puntual y excepcional que no empaña el trabajo riguroso de los cientos de fiscales con los que colaboramos a diario”, ha afirmado.
El ICAM había pedido para García Ortiz una condena más dura: 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, además de una multa de 81.000 euros.
«Una buena noticia» para el Estado de Derecho
El abogado Juan Antonio Frago –fiscal en excedencia– representante de la APIF, ha señalado que la condena supone un reconocimiento al esfuerzo de la asociación por preservar la integridad del Ministerio Fiscal.
La APIF había solicitado la pena más alta: 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, incluyendo además el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).
Por su parte, Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias, ha dicho estar “muy satisfecho” y considera el fallo “una buena noticia” para el Estado de Derecho. En el juicio, esta acusación había reducido su petición de cárcel de 4 a 3 años por considerar que se difundieron a los medios datos del proceso y datos personales del fiscal general.
Llamamientos a la “regeneración” de la Fiscalía
Foro Libertad y Alternativa —que dirigió la acusación conjunta de Hazte Oír y Vox—, y que estuvo representada por el abogado Fernando García-Capelo, ha resaltado que la prueba en este caso era “abrumadora” y que, pese a las presiones, el Supremo ha condenado al fiscal general.
Su acusación popular había pedido 4 años de cárcel, 3 de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por delitos de revelación de secretos y prevaricación.
Para este grupo, el daño causado por García Ortiz a la Fiscalía es “incalculable”, y confían en que la condena impulse una recuperación de la neutralidad y prestigio de las instituciones en España. Consideran que este será uno de los grandes retos del próximo Gobierno.
Hazte Oír, dentro de esta acusación conjunta, ha señalado que la inhabilitación no es solo un castigo penal, sino la confirmación de que García Ortiz actuó contra la institución que debía defender.
Asegura que la Fiscalía no debe estar al servicio de intereses particulares y que su deterioro afecta a todos los ciudadanos. Por ello, creen que el fallo del Supremo demuestra la necesidad de una “profunda regeneración” de la institución.
En esta línea, la organización afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “y sus cómplices” deberían pedir perdón. “Intentarán decir que no tiene relación, pero la realidad es clara: el fiscal general del Estado ha sido condenado”, han concluido.
