El PSOE ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que aclare el alcance del requerimiento emitido esta misma semana, en el que reclama al partido la relación completa de pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024. La formación advierte de que entregar toda esa documentación —sin limitación alguna— sería “excesivo”, generaría problemas jurídicos y de protección de datos y, además, podría acabar alimentando a sus adversarios políticos.
Los socialistas piden al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que precise si exige absolutamente todos los justificantes de pagos realizados en efectivo a dirigentes, trabajadores, militantes y simpatizantes durante esos siete años, o si lo reclamado se circunscribe únicamente a las personas investigadas en la causa: el exsecretario de Organización José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. El segundo escenario, subrayan, “resultaría más razonable”.
El requerimiento de Moreno llegó en el marco de la pieza separada que examina los pagos en metálico efectuados por el partido a Ábalos y Koldo. El magistrado comparte las sospechas esgrimidas por el juez del Tribunal Supremo: ambos habrían podido aprovechar la ausencia de controles en la devolución de gastos adelantados para blanquear dinero procedente de actividades presuntamente ilícitas. No descarta, además, un posible delito de desfalco contra el propio PSOE, entre “otras irregularidades”.
Pese a la trascendencia del asunto, el oficio judicial no precisaba límites. El juez pidió simplemente “la relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta 2024”. Una referencia que, tal y como denuncia la formación, abarca un universo muy amplio.
El aviso del PSOE: “implicaciones graves”
El PSOE asegura su disposición a colaborar con la Justicia, cualquiera que sea el sentido de la aclaración. Pero advierte: facilitar todo el volumen de pagos efectuados en metálico en ese periodo tendría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos”. Supondría entregar los justificantes de todos los gastos adelantados por miles de personas vinculadas al partido en distintos grados, desde cargos públicos hasta voluntarios.
Los socialistas añaden un componente político. “Tampoco hay derecho —lamentan— a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír, nada menos”. Un riesgo que, según sostienen, no deberían asumir.
Por ello, plantean una alternativa: si finalmente el juez insiste en requerir la totalidad de los pagos en metálico comprendidos entre 2017 y 2024, el expediente debería incorporarse a una pieza secreta, accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía.
