La demanda presentada por un magistrado ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Tarragona, contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, por la sobrecarga de trabajo que ha terminado afectando de manera grave a su salud, no debería sorprender a nadie que conozca cómo funcionan hoy los juzgados. La única sorpresa es que una situación así no haya aflorado antes.
Para quienes trabajamos en la Justicia, este procedimiento no es un episodio aislado, sino la consecuencia previsible de un deterioro continuado que las instituciones han permitido, pese a conocerlo en detalle desde hace años.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de septiembre de 2023, ya declaró que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral —obligación prevista en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial— y le condenó a hacerlo.
Dos años después, esa regulación sigue sin aprobarse.
Y lo que la sentencia señala es evidente: la sobrecarga estructural no es parte inherente del oficio, ni puede aceptarse como algo inevitable, ni sirve de excusa para justificar la falta de medios y planificación.
Es una disfunción que no puede resolverse siendo los jueces quienes compensen esas carencias con su salud.
El caso de Tarragona ilustra esta realidad con una claridad difícil de obviar. El magistrado no denuncia un episodio puntual, sino años de acumulación progresiva de asuntos, ausencia de medidas de prevención y un ejercicio profesional sometido a tensión permanente.
Lo que aflora no es un conflicto individual, sino la confirmación de que la Justicia sigue dependiendo del esfuerzo personal de quienes la vertebran con su trabajo, y no de una estructura capaz de anticipar sus necesidades y responder a ellas con eficacia.
A esta presión constante se suma un hecho que se ha convertido en determinante: la litigiosidad continúa creciendo. Entre 2023 y 2024 aumentó casi 17 puntos, el mismo incremento que se había producido en los cinco años anteriores. Este aumento llega además en el peor momento posible, con una planta judicial que lejos de ampliarse se reduce.
LOS JUECES SE ESTÁN JUBILANDO VOLUNTARIAMENTE
En 2023 se jubilaron 100 jueces; en 2024, 110; y en lo que llevamos de 2025 ya se ha superado el centenar. Pero aún más relevante que la cifra anual es la tendencia; las jubilaciones voluntarias crecen de forma sostenida y casi la mitad de las registradas en 2024 fueron anticipadas.
No hace falta demasiada interpretación para comprender qué hay detrás de esta decisión: la presión acumulada, la imposibilidad de sostener ritmos de trabajo inasumibles y la ausencia de perspectivas reales de mejora. La sobrecarga no solo provoca bajas médicas o casos como el de Tarragona; también empuja a marcharse antes de tiempo.
La proyección para los próximos años debería haber activado hace tiempo todas las alarmas. En la próxima década se retirará un tercio de la carrera judicial. No solo por la edad, sino también por un desgaste que se ha convertido en un factor determinante para la jubilación. Y el relevo no compensa esta salida. Las plazas convocadas no alcanzan ni siquiera la tasa de reposición.
El déficit no solo no se corrige, sino que se agrava año tras año.
«En 2023 se jubilaron 100 jueces; en 2024, 110; y en lo que llevamos de 2025 ya se ha superado el centenar. Pero aún más relevante que la cifra anual es la tendencia; las jubilaciones voluntarias crecen de forma sostenida y casi la mitad de las registradas en 2024 fueron anticipadas».
El propio Plan Estratégico del CGPJ para 2023-2032 lo reconoce: España necesita alrededor de 350 nuevos jueces cada año para garantizar la reposición y permitir un mínimo crecimiento de la planta judicial.
Ese es el cálculo técnico del órgano de gobierno, aunque la realidad es muy distinta: 120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025. Estamos muy lejos de lo que el propio CGPJ considera imprescindible.
Y, mientras tanto, quienes tienen capacidad de decisión no han adoptado las medidas que ellos mismos califican como urgentes.
Esta falta de reacción ha generado un círculo vicioso que ya es evidente. A mayor sobrecarga, más jubilaciones anticipadas; a más jubilaciones, mayor presión sobre quienes permanecen; y esa presión, de nuevo, incrementa las salidas.
Un sistema sometido a este desgaste no puede mantenerse indefinidamente. Y sin embargo, ése es el estado en el que opera hoy la Justicia española.
La situación exige actuar, no puede aplazarse más. No bastan los refuerzos temporales ni ajustes puntuales. Es imprescindible ampliar la planta judicial, crear las unidades que los informes técnicos reclaman desde hace años, fijar límites reales de carga de trabajo y una política de prevención de riesgos que funcione como tal, y no como un documento que sea papel mojado.
Lo contrario supone seguir descargando sobre los jueces la responsabilidad de sostener, a costa de su salud, un servicio público esencial. Y un país no puede permitirse una Justicia exhausta, sostenida únicamente por el sacrificio personal de sus jueces.
Todo ello tiene un impacto directo y profundo en la ciudadanía. La tutela judicial efectiva no es compatible con una Justicia que opera al límite de su capacidad humana. Los retrasos, la acumulación de asuntos y la incapacidad para ofrecer una respuesta en tiempo y forma erosionan la confianza pública.
Es el ciudadano quien sufre esa respuesta que llega tarde o no llega de la manera adecuada. Cuando un sistema deja de proteger a quienes sostienen la Justicia, termina fallando, inevitablemente, a quienes más la necesitan.
Si la protección de los jueces es, en realidad, la protección de los ciudadanos ¿hasta cuándo podrán las instituciones seguir mirando hacia otro lado?
