Marien Ortega, la nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), afirma que todavía «no es el momento» de que la instrucción de las causas penales pase a manos de los fiscales, una de las medidas incluidas en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de octubre y ahora en el Parlamento.
La magistrada estima que, «tal y como está configurada la Fiscalía, no es el momento de que pase la instrucción a los fiscales», ya que el Ministerio Público «tiene una estructura jerárquica muy marcada» y un fiscal general «elegido por el Gobierno».
Por ello, «se da esa situación de dependencia jerárquica», ha advertido la magistrada, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla.
Y ha ejemplificado que a un fiscal «los superiores pueden apartarle» y «se le pueden dar órdenes». «Mientras no se refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, no es el momento de que pase la instrucción», ha incidido.
Acerca de las reformas del Ministerio Fiscal aprobadas por el Gobierno en los últimos meses, Ortega ha explicado que la medida no cambia lo que considera uno de los puntos clave: «No cambia la elección del fiscal general del Estado».
Así las cosas, la jueza ha manifestado que un juez instructor «ahora mismo sí que es plenamente imparcial e independiente» y «ofrece garantías para la ciudadanía». «Si se le da la instrucción a los fiscales en la forma que está estructurada ahora, no se mantendrían esas mismas garantías», ha remachado la jueza.
Así lo ha expresado Ortega en declaraciones a Europa Press. La magistrada fue elegida portavoz nacional de AJFV, la segunda mayor asociación judicial por número de asociados, en la 39ª Asamblea celebrada en A Coruña el pasado 14 de noviembre.
BOLAÑOS LA CONSIDERÓ UNA REFORMA «ABSOLUTAMENTE NECESARIA»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dicha reforma es «absolutamente necesaria».
Y ello, adujo, para «dar un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal», a pesar de que, según valoró, «ya cuenta con suficientes resortes» destinados a velar por esa autonomía en el funcionamiento de la institución.
En esa rueda de prensa, Bolaños expresó que estas medidas van destinadas a «garantizar que van absolutamente en paralelo» con la reforma de la LECRim, después de cuya aprobación «es imprescindible reforzar la autonomía» del Ministerio Fiscal.
El ministro anunció igualmente que la reforma intenta equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces para que puedan hacerse cargo de las investigaciones penales.
A este respecto, detalló que «la forma de designación del fiscal o fiscales competentes para la instrucción de cada caso corresponderá al fiscal jefe» y estarán sujetos a causas de abstención y recusación similares a las que ya rigen para jueces y magistrados.
«Simplemente una instrucción de un fiscal no podrá llevarla a cabo si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las personas que están investigando», resumió.
En línea con esas nuevas funciones, avanzó asimismo que «el Ministerio Fiscal tendrá una competencia que hoy tienen jueces y magistrados, que es la de imponer sanciones a quienes no colaboran con las investigaciones judiciales», así como que se hará cargo de la Policía Judicial.
