Fecha en el calendario. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comunicó ayer a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que el decreto de creación de 500 nuevas plazas judiciales se publicará en junio.
La mayor ampliación de la planta judicial en la historia española tiene, por fin, un plazo concreto.
«El ministro nos ha avanzado la previsión de publicar el decreto de creación en el mes de junio», confirmó este lunes la portavoz de la AJFV, Marien Ortega, tras el encuentro mantenido con Bolaños en la sede del Ministerio de Presidencia.
La asociación celebra el anuncio. Pero avisa: estará encima. «Estaremos pendientes de que se cumplan los tiempos marcados por el Ministerio», añadió Ortega, sin dejar margen a la ambigüedad.
La portavoz de la AJFV también ha celebrado que el ministro les haya trasladado la intención de convocar ese número aproximado de plazas en turno libre durante los próximos tres años.
Si el calendario se sostiene, el impacto sobre la planta judicial será estructuralmente significativo: quinientas incorporaciones escalonadas, distribuidas entre los tribunales de instancia —el foco principal del refuerzo—, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
El mecanismo que lo hace posible es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma elimina el modelo centenario del juzgado unipersonal —un juez, un equipo, una sede— y lo sustituye por los Tribunales de Instancia: órganos colegiados donde varios jueces comparten una única oficina judicial de apoyo técnico. La consecuencia sobre el coste es directa.
Una plaza en el nuevo modelo ronda los 100.000 euros; un juzgado tradicional exigía alrededor de 500.000. Cinco veces menos por cada juez incorporado al sistema.
El Ministerio anunció la medida el pasado 26 de enero, calificándola de «hito» en la «ambiciosa transformación» del servicio público de justicia. Ahora tiene fecha. Lo que no tiene todavía es decreto firmado.
La AJFV ha aprovechado el encuentro para plantear una demanda adicional: que se constituya una comisión de seguimiento de los Tribunales de Instancia, con capacidad para evaluar dónde ha funcionado mejor la implantación del nuevo modelo y aportar soluciones donde los problemas persisten.
El despliegue ha sido desigual sobre el territorio, y sin un órgano de seguimiento con participación de las asociaciones judiciales, las nuevas plazas corren el riesgo de integrarse en una estructura cuyas disfunciones aún no se han corregido.
Junio está a dos meses.
