Aunque resulte una obviedad, conviene recordar que la ampliación de plazas judiciales no se produce cuando se publica en prensa, a bombo y platillo, que el Ministerio de Justicia tiene previsto crear 500 nuevas plazas judiciales a lo largo de 2026.
La ampliación de plazas se produce cuando se publica en el BOE el Real Decreto de creación. Solo entonces la ampliación es real.
Y recuerdo lo anterior porque hasta la IA, que ahora parece que dirige nuestras vidas, preguntada esta mañana, en una de sus aplicaciones más conocidas, sobre cuál ha sido el último Real Decreto de creación de plazas, contesta que el Real Decreto dictado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mediante el cual se crean 500 nuevas plazas de jueces para el año 2026.
Además, indica que se trata del mayor incremento de plazas judiciales de la historia y que responde a las recomendaciones del CGPJ, que en julio del año anterior reclamó más de 500 nuevas unidades.
En un apartado posterior, titulado “sobre el estado normativo”, la IA, advierte que algo falla, e indica “Las fuentes señalan que el decreto ya ha sido dictado por el Ministro Félix Bolaños y constituye la base normativa para la ampliación de la planta judicial de 2026. Aunque algunas referencias hablan de «proyecto», la información de un conocido periódico indica que el Real Decreto está formalizado.”
Pues no es así.
«Con un cálculo sencillo, faltan 2.880 jueces para alcanzar el estándar europeo».
La realidad es la siguiente: En un periódico de tirada nacional en fecha 18 de enero de 2026 se informó, citando fuentes del Ministerio, de esa futura creación, pero a fecha de hoy no se ha publicado en el BOE el esperado Real Decreto.
El colectivo judicial no duda de la voluntad del Ministerio de aprobar ese texto legal —de hecho, ya se han filtrado datos sobre las plazas a incorporar—, pero lo cierto es que las plazas no existen todavía.
Esta situación invita a una reflexión: la práctica actual —y no exclusiva de este Gobierno— consistente en anunciar primero lo que se va a hacer, para luego, si procede, si hay presupuesto o si la legislatura no concluye antes, hacerlo, genera la sensación de que se invierte en Justicia, cuando en realidad ese impulso es solo aparente.
Cualquier lector de prensa ajeno al mundo judicial pensaría que las plazas judiciales se multiplican sin cesar año tras año, y que, pese a ello, la Justicia continúa siendo lenta y los jueces siguen quejándose.
Pues tampoco es así.
Déficit de jueces
En 2026 todavía no se ha creado ninguna plaza judicial; en el esperado Real Decreto del que hablamos se crearán, si finalmente se publica y se sigue la práctica habitual, plazas que entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026 o a principios de 2027; en el año 2025 se crearon solamente 50 plazas judiciales en toda España y en 2023 se crearon 70.
Y es notorio que en este país existe un déficit de jueces extraordinario propiciado por este Gobierno y por los anteriores, que no han considerado prioritaria la inversión en esta materia.
Baste recordar que España cuenta con 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea, que se sitúa en 17,43.
Con un cálculo sencillo, faltan 2.880 jueces para alcanzar el estándar europeo.
Y ahora una pregunta ¿Supondría una inversión desorbitada llegar a la media europea?
Pues no, el coste anual en salarios de 2.880 jueces es una pequeña inversión comparado con el coste de cualquier nueva línea de AVE o con el último encargo de una fragata.
Mientras tanto, la situación de la Justicia en España es de una lentitud exasperante.
Cualquier petición de un trabajador ante un Tribunal de lo Social da lugar a un juicio que se señala dos años después; si una pareja se separa, y no se pone de acuerdo sobre la custodia y régimen de visitas de sus hijos, es posible que hasta pasados siete u ocho meses no obtenga una resolución judicial provisional; en demasiadas ocasiones el juicio por una supuesta agresión sexual tarda tres o cuatro años en ser señalado. Y así todo.
Salvo contadas excepciones, como las secciones de violencia de género, los juzgados de menores, o el Tribunal Supremo cuando instruye causas penales respecto de aforados, desde que se interpone una demanda, denuncia o querella en este país hasta que se obtiene una sentencia pasa demasiado tiempo.
Los ciudadanos cuando acuden a la Justicia tienen un problema. Y normalmente, un problema muy grave, que no les deja dormir, ni, en ocasiones, vivir, hasta que, al menos, se obtiene una primera resolución judicial.
Y en el sistema judicial español en el año 2024 se registraron 7.799.166 asuntos nuevos. No son pues pocos los ciudadanos afectados. Y, en cuatro décadas, ningún Gobierno ha abordado con verdadera seriedad este problema estructural.
Es sabido que la gestión del sector público consiste en asignar recursos limitados frente a necesidades sociales ilimitadas. Pero en este país a la Justicia le suele tocar muy poco de estos recursos limitados. Véase el presupuesto del Ministerio de Justicia comparado con otros Ministerios.
Reformas procesales
Hacen faltas reformas procesales que reduzcan la litigiosidad o que acaben con la complejidad de ciertos procedimientos; hacen falta funcionarios, Letrados de la Administración de Justicia, y Fiscales; hacen falta nuevas instalaciones judiciales y más inversión en nuevas tecnologías; pero, sobre todo, hacen falta más jueces que puedan resolver las controversias en un tiempo adecuado.
A pesar de todo lo dicho, los jueces recibimos con esperanza esas insuficientes 500 plazas. Aunque sabemos que, si llegan, solo aliviarán la pendencia unos meses. Sin una actuación estructural, sin un pacto de Estado por la Justicia de los principales partidos políticos, nada cambiará de fondo.
Y aunque sea con ciertas dudas, los jueces de toda España también recibimos con esperanza las informaciones —de nuevo periodísticas— sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España y ERC para crear 90 plazas judiciales en Cataluña en el año 2027, porque ello significaría, sin duda y como no puede ser menos, que, en proporción, se crearían otras 500 plazas judiciales en toda España en 2027.
Por ello instamos al Ministerio de Justicia a la ágil tramitación y publicación en el BOE del Real Decreto de creación de plazas, sin que exista ningún inconveniente desde el punto de vista legal para que se acuerde ya la creación de las 500 plazas prometidas para 2026 y de las 500, según el acuerdo indicado con ERC, para 2027, con distintas fechas de entrada en funcionamiento, pero lo más pronto posible.
Si eso ocurre, ya solo faltarán 1800 plazas judiciales para alcanzar la media de la Unión Europea, y para poder contar con una Justicia verdaderamente eficaz en España.
En ese caso, parte de los recursos limitados de que dispone el sector público se destinarán a un fin necesario, la Justicia.
