El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes la adopción de medidas urgentes para evitar las carencias detectadas en los juzgados de cara a la entrada en vigor de la tercera y última fase de implantación de los tribunales de instancia, prevista para el próximo 1 de enero.
En una nota de prensa, el órgano de gobierno de los jueces traslada al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la preocupación expresada por los decanos de los seis principales partidos judiciales del país. A todos ellos les requiere que actúen con el fin de evitar la pérdida de expedientes judiciales y las demoras en su tramitación, para garantizar la continuidad y la adecuada prestación del servicio público.
El CGPJ incide en la necesidad de que las administraciones responsables de las oficinas judiciales aseguren que todos los procedimientos y causas pendientes –que seguirán siendo tramitados por los titulares de los antiguos juzgados en sus nuevas plazas dentro del tribunal de instancia– estén “debidamente identificados y listados”, de forma que su traslado pueda realizarse con garantías y sin riesgo de extravío.
Asimismo, reclama que el sistema de tramitación de estos procedimientos quede “perfectamente definido” antes de la constitución formal de los tribunales de instancia, con el objetivo de evitar paralizaciones contrarias al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. En este sentido, el Consejo precisa que debe determinarse de antemano si cada causa seguirá siendo responsabilidad del funcionario que la gestionaba antes de la transformación o si, por el contrario, pasará al “pool” del servicio común o del área correspondiente de la nueva oficina judicial.
Los decanos alertan de “carencias” estructurales
La actuación del CGPJ se produce tras la petición de los decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca, quienes han trasladado su preocupación por las “carencias” y la “falta de preparación” observadas en esta fase final de implantación.
Entre los problemas detectados, destacan la dispersión de sedes, que podría dificultar la coordinación entre jueces y funcionarios; la falta de digitalización en determinados órganos, lo que eleva el riesgo de pérdida de expedientes originales en aquellos juzgados sin expediente digital; y la demora en el nombramiento de los letrados directores, circunstancia que, según denuncian, ha impedido a numerosos decanos disponer del interlocutor necesario para organizar la transición.
A ello se suma la ausencia de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo, la falta de culminación de los procesos de consolidación de funcionarios y el elevado número de interinos sin la debida formación, factores que –advierten– dificultan el desempeño de las funciones propias de la oficina judicial.
Los decanos alertan de que estas carencias podrían impactar directamente en la ciudadanía y solicitan al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales a decretar una moratoria de seis meses en la tercera fase de implantación.
El Consejo señala que coincide “parcialmente” con las inquietudes de los decanos y confirma su voluntad de asistir a la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia prevista para finales de diciembre.
Un proceso de transformación enmarcado en la Ley de Eficiencia Organizativa
La implantación de los tribunales de instancia responde a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado enero. El Ministerio de Justicia recordó el 30 de junio, cuando entraron en funcionamiento los primeros 315 tribunales de instancia y 4.818 oficinas de Justicia, que esta nueva estructura sustituye 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales organizados por jurisdicciones y secciones especializadas.
Entre los beneficios señalados por el Ministerio figuran una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, mayor capacidad de respuesta ante incrementos de carga de trabajo y un ahorro significativo para las arcas públicas. El departamento subrayó que, gracias a este modelo, crear nuevas plazas judiciales dentro de un tribunal resultará más económico, reduciendo el coste por plaza de 400.000 a 86.000 euros.
Según sus cálculos, las comunidades autónomas con competencias transferidas obtendrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en la próxima década. Para facilitar esta transformación, Justicia ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, además de 25 millones destinados a soluciones tecnológicas.
