El instructor del llamado caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, de pulso firme y verbo quirúrgico, ha decidido sentar este jueves frente a frente a los sabios del silicio y el hercio.
De un lado, los peritos de la Benemérita. Del otro, los de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El botín a disputar no es oro ni territorios, sino algo más moderno y igual de venenoso: unos audios grabados entre 2019 y 2023 por el ya célebre Koldo García. Grabaciones que, según quién las mire, son prueba reina… o un muñeco de feria trucado.
Puente, que no parece hombre dado a tragarse sapos sin masticar, ha ordenado escuchar a todos. A los de parte y a los oficiales. Quiere saber —dice— si esas voces nacieron en los móviles incautados durante el registro domiciliario o si llegaron allí tras un viaje oscuro por «pendrives», nubes digitales o sótanos informáticos. Traducido al castellano de la calle: si alguien metió mano, tijera o bisturí.
Porque aquí no se discute una falta de tráfico, sino si los audios son carne viva o Frankenstein. Si pueden descartarse, “en términos de razonabilidad”, cortes, ediciones y otras artes propias del cirujano sin escrúpulos. Y ahí empieza el baile.
Los peritos de la defensa, con bata blanca y ceja levantada, aseguran que los archivos tienen más costuras que un traje de posguerra. Hablan de incoherencias técnicas, temporales y estructurales. De exportaciones raras, de reensamblajes sospechosos y de una manipulación que —según ellos— no se explica por los caprichos normales de un iPhone. Vamos, que no se rompió solo: alguien lo empujó.
Añaden, además, que la calidad del sonido no da ni para jugar a ser Sherlock Holmes con las voces. Sin biometría fiable, dicen, no hay manera científica de clavarle el audio a una persona concreta. Y rematan la faena con una acusación que suena a pecado mortal en cualquier juzgado: ruptura insubsanable de la cadena de custodia.
Que nadie puede jurar, mano en la Biblia, que esos archivos sean las primeras copias limpias y vírgenes. Que quizá pasaron por demasiadas manos, demasiadas máquinas, demasiadas tentaciones.
Incluso dejan caer, como quien no quiere la cosa, que todo pudo nacer de una captación remota con spyware. Palabras mayores. Y cuando se habla de espionaje digital en este país, siempre flota en el aire el nombre de Pegasus, como un fantasma moderno que nadie ha visto pero todos temen.
La defensa, fiel a su papel de perro viejo, insiste desde el principio en una tesis incómoda: que el asesor pudo jugar a agente encubierto, grabando, provocando o fabricando escenas como quien monta un decorado de cine barato. Y para mayor pecado, recuerdan que el hombre trabajó a la sombra de José Luis Ábalos, donde las paredes oyen, pero no siempre hablan con la verdad.
Frente a esa versión, los peritos oficiales —los de la Guardia Civil— sostienen que no han visto huellas de manipulación en el sistema ni en la aplicación de grabación. Que los archivos cuadran con el modelo de dispositivo y que nadie metió bisturí donde no debía. Eso sí, reconocen una grieta incómoda: los metadatos no permiten fijar con precisión quirúrgica cuándo se grabó cada cosa.
Falta rastro horario claro. Falta una cronología limpia. Y en algunos casos, la fecha de etiquetado se fue seis meses de juerga respecto a la de grabación real.
Conclusión acústica: es más probable que los audios sean auténticos que lo contrario. Probable. No seguro. Palabra peligrosa, “probable”, en un sumario.
Así que ahí están todos, citados para este jueves. Cada uno con su versión, su informe y su ego. Y el juez, en medio, intentara separar verdad de cuento, técnica de trampa, justicia de ruido. Porque al final, como casi siempre en este país de viejas picarescas y tecnologías nuevas, el problema no es si alguien grabó una conversación. El problema es quién movió la navaja después. Y para qué.
