En un momento en el que se está hablando y mucho de los servicios públicos y su sostenibilidad, nos corresponde a la abogacía resaltar una vez más la importancia del Turno de oficio como eje fundamental en la materialización del derecho de defensa.
Cada año, cerca de un millón de familias españolas sin recursos económicos pueden hacer frente a los conflictos legales que han surgido en sus vidas gracias al trabajo de los 40.000 compañeros y compañeras que ponen lo mejor de sí mismos en prestarlo.
El compromiso con ese principio constitucional es sin duda el motor, pero no por ello debemos dejar de reivindicar mejores condiciones para quienes lo hacen posible. Unas condiciones que han dado algunos pasos significativos en los últimos meses y que, todo apunta, las darán en las próximas semanas.
En este sentido, no está de más recordar que el pasado mes de marzo las retribuciones que el Ministerio de Justicia paga a los miembros del Turno subieron un 8%, con carácter retroactivo a fecha 1 de enero, después de 7 años de congelación.
Desde entonces, los pagos han sido más puntuales y el pasado mes de octubre el ministro Félix Bolaños refrendaba su apuesta por impulsar una nueva subida de los importes de los baremos, así como a incluir en relación con los MASC “la modificación del Real Decreto 141/2021 para reconocer una retribución específica (sin acuerdo) y reforzada cuando lo haya, así como un módulo propio”, tal y como afirmaba la nota de prensa publicada por su departamento.
También se asoma como cercana la consecución del anuncio realizado por el Ministerio para incorporar más letrados del Turno en las guardias de los juzgados de Violencia sobre la mujer, que como se sabe han asumido recientemente también los delitos de violencia sexual.
Los responsables de Justicia han tomado conciencia de la trascendencia de este servicio y han adquirido una serie de compromisos que en el corto plazo son esenciales para el fortalecimiento de la asistencia jurídica gratuita que reciben los ciudadanos de este país.
Tampoco podemos olvidar que a la ley que está vigente le quedan solo unas semanas para cumplir 30 años y la Abogacía lleva ya algunos lustros reivindicando la necesidad de actualizarla. Estaba en el calendario normativo del Gobierno para este año y aunque no está claro si llegará al Consejo de Ministros este mes, somos conscientes de que se lleva trabajando en ella desde principios de 2025.
Qué duda cabe de que todavía queda un largo camino por recorrer que debe allanarse con esta nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Una ley que permita actualizar automáticamente y con carácter anual las retribuciones de los profesionales, que deberían de homogeneizarse para todos los territorios y que debería contemplar que todas las actuaciones realizadas sean debidamente retribuidas.
También, lógicamente, esperamos con mucho interés el texto de la nueva Ley, así como el periodo de alegaciones que nos permita enriquecerla para adaptarla a las necesidades reales de la ciudadanía. Menos gestión burocrática y más agilidad en los trámites son algunos de los principales retos que afronta.
La ley es el objetivo en el medio plazo, pero acierta el Ministerio cuando va cumpliendo con las necesidades más perentorias a las que se comprometió el ministro para consolidar el Turno de oficio sin esperar a la posible aprobación de la ley.
